• Fecha de publicación: 6 de junio de 2008

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acordó ayer proponer al Gobierno congelar la tarifa del gas durante el tercer trimestre del año. El que sí subirá, como ya ha anunciado el Ministerio de Industria, es el recibo de la luz, que lo hará entre un 5% y un 6% para el consumidor medio (el regulador proponía en este caso un incremento del 11,3%), mientras que el precio de la bombona de butano bajará un 2,4% y se quedará en 13,8 euros.

 

Asimismo, a partir del 1 de julio próximo está prevista la liberalización total del mercado del gas, si bien ésta no supondrá alteración en el sistema tarifario ni generará "vacío" alguno en la relación del cliente con su suministrador, según señaló la patronal de empresas gasistas Sedigas.

Los clientes domésticos llevan meses recibiendo las cartas donde las distribuidoras les comunican que van a poder optar por el comercializador que les ofrezca mejores condiciones o acogerse a la tarifa denominada "de último recurso". Si no deciden cambiar, se quedarán con su actual proveedor.

A partir del 1 de julio próximo está prevista la liberalización total del mercado del gas

Hasta mayo había 23 comercializadores de gas registrados, de los que sólo una docena estaban activos y dispuestos a realizar ofertas para consolidar clientes o quitárselos a la competencia. Sus propuestas no han cosechado hasta ahora demasiado éxito. De los dos millones de usuarios que ya están en el mercado liberalizado, sólo unos 400.000 -el 20%- han cambiado de opción.

Tarifa social

Por otro lado, la organización FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la cifra de consumidores que tendrán derecho a la denominada "tarifa social" es muy inferior a los "más de 4,5 millones de hogares" que anunció esta semana el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Según FACUA, 4,3 millones de clientes se acogen actualmente a las potencias de menos de tres kilovatios. En concreto, 216.931 clientes tienen contratada la tarifa 1.0 (hasta 1 kilovatio) y 4.086.585 la 2.0.1 (hasta 2,5 kilovatios), según datos publicados por la CNE en septiembre pasado.

Para calcular qué porcentaje de esos 4,3 millones de clientes podrán solicitar la "tarifa social", la organización de usuarios explica que "hay que descontar cientos de miles de segundas residencias, comunidades de propietarios y negocios de autónomos, pequeñas y medianas empresas, además de las familias que hacen uso de una potencia superior a la que tienen contratada".

4,3 millones de clientes se acogen actualmente a las potencias de menos de tres kilovatios

En España hay 1,9 millones de edificios con varias viviendas familiares, según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2001. "Estos requieren la contratación del suministro eléctrico para el edificio, independiente del de sus habitantes, y un porcentaje importante tiene contratada una tarifa con una potencia no superior a 2,5 kilovatios", afirma FACUA.

Además, los clientes acogidos a la tarifa 2.0.1 hacen uso de una potencia "muy superior" a los 2,5 kilovatios que tienen contratados. "La inexistencia de limitadores de potencia en millones de viviendas viene provocando que muchos usuarios no hayan aumentado la potencia contratada pese a la compra de nuevos electrodomésticos que lo requieren, como aparatos de climatización, ordenadores personales, televisores con pantallas de plasma o LCD, consolas de videojuegos, etc.", comenta la asociación, que subraya que una tarifa "con un auténtico carácter social" debe vincularse a la renta de los usuarios y no sólo a la potencia contratada.