• Fecha de publicación: 9 de junio de 2008

El Gobierno "garantizará el suministro" de carburantes y otros productos básicos durante la huelga indefinida que algunos colectivos de transportistas han iniciado hoy, según afirmó Juan Miguel Sánchez, director general de Transporte por Carretera. El responsable de Fomento explicó que su departamento trabaja contrarreloj junto a Interior, Trabajo e Inmigración, Economía y Hacienda, e Industria para elaborar un paquete de medidas "muy potentes" que aliviarán "en buena parte" la situación por la que atraviesan los camioneros. El Ejecutivo espera tener cerrado un acuerdo "a mediados de semana".

 

Los transportistas se quejan del elevado precio del gasóleo, que desde octubre se ha encarecido un 31%. Dicen que, en muchas ocasiones, no les compensa sacar el camión a la carretera. Su principal reivindicación, que el Gobierno ya ha rechazado, es el establecimiento de unas tarifas mínimas que eviten la competencia desleal.

La huelga está convocada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que representa a un 20% de los camioneros españoles, y cuenta también con el respaldo de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte.

Los mayoristas y las estaciones de servicio ya han advertido que no habrá problemas de desabastecimiento siempre que el paro no se prolongue

Los mayoristas y las estaciones de servicios ya han advertido que no habrá problemas de desabastecimiento siempre que el paro no se prolongue. El Ministerio de Fomento continuará hoy con las reuniones. En los encuentros participará el Comité Nacional del Transporte, así como los transportistas de viajeros.

A media tarde, Sánchez tratará de convencer a los denominados cargadores, los clientes de los transportistas, para que admitan revisiones de los contratos que permitan repercutir el encarecimiento de los carburantes. El responsable de Fomento pide "sensibilidad" para que los camioneros "puedan cobrar lo que gastan más una mínima rentabilidad".

Ayudas del Gobierno

Juan Miguel Sánchez esbozó las ayudas que el Gobierno está dispuesto, por ahora, a poner encima de la mesa. La principal es la adaptación de la legislación mercantil para incluir una cláusula de revisión del precio de los contratos "en épocas de muchos vaivenes en el precio del petróleo". Esta cláusula está pensada no para aquellos camioneros que son requeridos de inmediato y para un solo porte, sino para los que firman contratos de larga duración.

Además, Sánchez recordó que hay dispuestos 55 millones de euros para ayudar a los transportistas autónomos a abandonar la actividad (jubilación anticipada), así como unas líneas de financiación para renovar las flotas y sustituir los viejos camiones por otros más eficientes y menos contaminantes.

El director general también se mostró dispuesto a revisar el régimen sancionador del sector y a reducir los costes administrativos mediante la Administración Electrónica. En cambio, el Gobierno no está dispuesto es a rebajar la fiscalidad de los carburantes, tal y como piden los huelguistas.

Los consumidores, los más perjudicados

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, ha pedido al Gobierno que adopte soluciones para evitar problemas de suministro y el desabastecimiento de bienes necesarios para los consumidores, que "no deben pagar las consecuencias" de la huelga.

El Ejecutivo propone una cláusula de revisión del precio de los contratos "en épocas de muchos vaivenes en el precio del petróleo"

"Una vez más, asistimos a un caso en que el ejercicio del derecho a la huelga pasa de ser una medida de presión para convertirse en un chantaje y, una vez más, son los consumidores quienes llevan la peor parte", indica un comunicado remitido por OCU, que se opone a las pretensiones de los huelguistas. A su juicio, un gasóleo más barato "es algo discriminatorio", y establecer unos precios mínimos en el transporte "va en contra de las leyes y de la lógica del mercado".