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Economía reconoce que todo el sector público puede incurrir en déficit este año y el que viene

Al ministro Solbes no le preocupa esta situación mientras no haya necesidad de aumentar por ello la deuda pública

  • Fecha de publicación: 23 de julio de 2008
Imagen: CONSUMER EROSKI

El conjunto de las administraciones públicas, y no sólo el Estado, puede acabar 2008 en números rojos y seguir así hasta 2010, cuando comenzaría la recuperación de la economía española. Así lo admitió este martes el vicepresidente económico, Pedro Solbes, después de lo adelantado el lunes por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.

Durante un curso de verano organizado por la Fundación BBVA, Solbes apuntó que ve "factible" esta hipótesis pero en modo alguno "preocupante", al menos "en exceso", mientras no haya necesidad de aumentar por ello la deuda pública, que al cierre de 2007 representaba el 36,2% del Producto Interior Bruto (PIB), casi la mitad de la media europea.

La crisis inmobiliaria y el encarecimiento del crudo han hecho que en sólo seis meses las previsiones presupuestarias que el Gobierno manejaba se hayan convertido en "papel mojado", sobre todo en lo referente al superávit conjunto de todo el sector público para los tres próximos años, que se preveía alcanzara el 1,2% del PIB.

La crisis inmobiliaria y el encarecimiento del crudo han hecho que en sólo seis meses las previsiones presupuestarias se hayan convertido en "papel mojado"

Esta cifra resulta ahora prácticamente inalcanzable a la vista de que la economía seguramente crecerá menos de la mitad de lo que calculaba el Ministerio (primero, 3,1%, a finales de diciembre de 2007, y después 2,3%, tras la revisión extraordinaria que tuvo que realizar a finales de abril), cuyos responsables volverán a rebajar sus estimaciones en el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones de verano, que se celebrará el viernes 1 de agosto.

El ministro de Economía explicó que, conforme a los indicadores adelantados que maneja su departamento, no sólo el Estado sino también las autonomías, diputaciones, cabildos y ayuntamientos incurrirán "previsiblemente" en déficit este año, y con bastante probabilidad el que viene dado que la coyuntura económica puede ser entonces más negativa.

Pacto de Estado

Por su parte, las Cámaras de Comercio han pedido al Gobierno que presente un plan de acción contra la actual crisis, y para ello consideran conveniente un pacto de Estado. En su opinión, las medidas anunciadas por el Ejecutivo van en la dirección correcta, pero "son insuficientes dadas las necesidades reales de las empresas y de la economía".

El informe "Situación y perspectivas de la economía española a mediados de 2008", presentado ayer por el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, destaca que las empresas españolas realizan su actividad en un nuevo escenario de tensiones inflacionistas y restricciones financieras, que se ha traducido en una moderación del crecimiento económico y del comercio mundial.

Las Cámaras recuerdan que las previsiones de crecimiento tanto a escala internacional como nacional se están revisando permanentemente a la baja y los niveles de confianza de los agentes económicos se hallan "bajo mínimos".

Ante esta situación, reclaman al Ejecutivo que dote de más recursos y flexibilidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el fin de aumentar la liquidez de las empresas y ayudarles a afrontar la actual situación.

Las Cámaras recuerdan que las previsiones de crecimiento tanto a escala internacional como nacional se están revisando permanentemente a la baja

Para ayudar a las empresas y al mismo tiempo fomentar el empleo, las Cámaras proponen que se reduzcan las cotizaciones sociales cambiando su sistema de financiación, y que trabajadores y empresarios convoquen un pacto de rentas por el que acuerden moderar los salarios y los beneficios empresariales.

Además, instan al Gobierno a llevar a cabo un programa de ajuste del gasto público y a implantar una política de mejora de la regulación para reducir los trámites burocráticos, como solución para disminuir los costes empresariales y aumentar la productividad de las administraciones públicas.

También abogan por reformar el sistema judicial y el mercado de trabajo, elaborar un Plan Nacional de Liberalización y Competencia, y potenciar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.

Por último, las Cámaras de Comercio solicitan que se mejore la calidad de la formación, de modo que el sistema educativo y de formación se adapte a lo que el mercado laboral necesita, es decir, "trabajadores formados no tanto con conocimientos, sino con habilidades".




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