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La moratoria sería de seis meses, hasta el 1 de julio de 2009
El próximo 1 de enero deberían desaparecer las actuales tarifas eléctricas de baja tensión que regula el Gobierno, para quedar liberalizada esta parte del mercado energético que abarca a más de 20 millones de usuarios, incluyendo la gran mayoría de los usos domésticos. El resto del mercado -los consumidores de alta tensión y los que tienen tarifas especiales-, ya quedó totalmente liberalizado el pasado 1 de julio.
No obstante, el Ministerio de Industria trabaja en un borrador de decreto que podría postergar la liberalización inicialmente prevista para los consumos domésticos. En un principio, la moratoria sería de seis meses, hasta el 1 de julio de 2009, pero no se descarta que después hubiera otros aplazamientos.
La crisis económica está entre las razones del posible aplazamiento de la liberalización
La crisis económica, el previsible encarecimiento de los precios si el Gobierno da plena libertad a las compañías para establecerlos y las grandes dificultades para poner en marcha un proceso de cambio que afectará a millones de consumidores, están entre las razones del posible aplazamiento de la liberalización de las tarifas de baja tensión.
Un detalle que parece demostrar la voluntad de la Administración de aplicar un aplazamiento es el hecho de que apenas se ha iniciado la sustitución de los aparatos de medida en este tramo de consumidores, cambiando los contadores actuales por registradores electrónicos.
Se especula que el recibo de la luz podría subir menos de un 10% a partir del 1 de enero
En teoría, a partir del próximo 1 de enero sólo quedaría bajo la protección del Gobierno la tarifa de último recurso; el resto quedarían libres. Se especula que el recibo de la luz podría subir a partir de esa fecha menos de un 10%, frente al 31% propuesto por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) estima que la nueva tarifa social eléctrica para primeras residencias con una potencia contratada inferior a los tres kilovatios (kW) sólo ha recibido unas 40.000 solicitudes desde su puesta en marcha el pasado 1 de julio, según indicaron fuentes de este organismo.
Estaba previsto que el Consejo de Administración de la CNE aprobara en su reunión del pasado jueves un informe sobre el impacto de la tarifa social en el que se recogía este dato de solicitudes, pero finalmente el punto fue retirado del orden del día.
El Ministerio de Industria señaló, cuando se lanzó la citada modalidad tarifaria, que hasta 4,5 millones de hogares podrían acogerse a ella. Su principal ventaja es que exime al consumidor de pagar el término de potencia.
Los tres kilovatios que se exigen tener contratados para poder acogerse a la tarifa social impiden, por ejemplo, tener funcionando al mismo tiempo el frigorífico, la lavadora y un aparato de aire acondicionado.
Además, los hogares que quieran contratar la mencionada tarifa deben tener instalado el denominado Interruptor de Control de Potencia (ICP).
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