La vicepresidenta económica, Elena Salgado, presentó ayer el modelo de financiación autonómica que será sometido al Consejo de Política Fiscal y Financiera este miércoles. El nuevo sistema costará 11.000 millones de euros extra y conlleva un importante cambio de filosofía. Por primera vez en la España autonómica, la solidaridad interterritorial quedará limitada. Las comunidades sólo tendrán que poner a disposición del conjunto el 75% de lo que recauden. Podrán disponer, en cambio, del otro 25%. Euskadi y Navarra están excluidas de este acuerdo por tener su propio sistema fiscal.
El nuevo sistema de redistribución hará que tres cuartas partes de lo que se recaude en las comunidades autónomas -y no todo, como ocurría con el modelo actual- se meta una «bolsa común», como la llamó Salgado. Esa bolsa servirá para sufragar los servicios públicos fundamentales y será completada por el Estado de modo que a ella se destinen el 80% del total de los recursos del sistema.
Al margen de ese primer fondo, habrá -como había en el modelo actual- otro: el fondo de suficiencia global. A éste las comunidades no tendrán que aportar ya nada; será el Estado quien lo sufrague. Servirá para garantizar el ‘statu quo’, es decir, que nadie queda peor de lo que está y, en algunos casos, para complementar los recursos tributarios propios (o sea, ese 25% que se habrán quedado las autonomías) si es que al sumarlos con lo que se recibe del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales no basta para cubrir todas las competencias transferidas. Hay que tener en cuenta que aumentará la cesta autonómica de impuestos. Del 33% del IRPF pasarán a contar con el 50%; también el 50% del IVA, desde el 35% actual, y el 58% de los impuestos especiales (ahora es el 40%).
El nuevo modelo de financiación autonómica tiene una tercera pata. Una de las quejas de Cataluña, pero también de Baleares y, aunque no hicieran ostentación de ello, de Madrid o la Comunidad Valenciana era que el modelo del 2001 genera grandes diferencias en financiación per cápita, un desfase que Salgado cifró en casi 40 puntos. Con la última liquidación, la del 2007, Extremadura recibió 1.100 euros más por habitante que Baleares. El nuevo sistema no supone un salto cualitativo. La vicepresidenta dijo que, cuando se consolide, las diferencias serán inferiores a 30 puntos.
La mejora se logrará con un mecanismo de compensación mediante otros dos fondos, también financiados por el Estado: el de competitividad, para las ricas, y el de cooperación, para las pobres. El primero definido por el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, como un instrumento que tendría en cuenta el «esfuerzo fiscal» de las comunidades, para no desincentivarlas. El término indignaba a los que, como el extremeño Guillermo Fernández Vara o el andaluz José Antonio Griñán, han defendido que son las personas y no los territorios quienes tributan. Ha desaparecido de la propuesta. Finalmente, ha desaparecido de la propuesta.
Lo que aún no se ha definido son los criterios de reparto. Será conforme al porcentaje de población sanitaria protegida, menores en edad escolar, mayores de 65 años, superficie, dispersión o insularidad. Cómo se ponderará cada uno está por desvelar. Y están por ver los resultados que arroja el modelo, quién queda por encima y quién por debajo de la media. Cataluña estará por encima.
