• Fecha de publicación: 14 de julio de 2009

En la reunión de diálogo social que mantuvieron ayer lunes Gobierno y agentes sociales, el Ejecutivo puso sobre la mesa una nueva propuesta que contempla una prórroga de la ayuda temporal de 420 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas las ayudas durante un periodo de doce meses, si el comportamiento de la actividad económica y del empleo así lo aconsejan. Como contrapartida para los empresarios, la reducción de 0,5 puntos en las cotizaciones por contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) aumentará, aunque oficialmente el tema no se debatió en la reunión tripartita celebrada ayer.

Las patronales reclaman rebajas de cuotas empresariales a la Seguridad Social

El encuentro duró tres horas y la negociación continuará el próximo jueves. Para las patronales CEOE y CEPYME, una reivindicación vital es la rebaja de cuotas empresariales a la Seguridad Social. Piden cinco puntos menos, lo que abarataría significativamente el coste del trabajo. Pero en su escrito, el Gobierno en este apartado había puesto la palabra «pendiente». La resolución pasará por reuniones bilaterales del Ejecutivo con los sindicatos y con los empresarios. En cualquier caso, cualquier rebaja en ese apartado pesará sobre el superávit que muestran en la actualidad la mayor parte de las mutuas patronales de accidentes de trabajo, que revierte en la caja del Ministerio.

Fuentes próximas a la negociación apuntaron que la reducción barajada es de dos puntos, lo que supondría un ahorro de 7.000 millones de euros anuales para las empresas. La medida tendría carácter temporal y, aunque oficialmente no ha sido planteada, CC OO ya la ha rechazado. Sus servicios técnicos evaluaron rápidamente el efecto de la rebaja y alertaron de que cada punto en 2008 supuso el 0,35% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, la equivalencia sería ahora de, al menos, 0,7 puntos y «provocaría el déficit del sistema en el año 2011».

Comisiones también mantiene que cualquier reducción de cotizaciones tiene que abordarse en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde los grupos políticos estudian qué cambios deben adoptarse para garantizar el futuro del sistema público de protección social. «Lo contrario sería inadmisible», añadió uno de sus portavoces.

Por otro lado, el coste de los doce meses de prestación para los desempleados que han agotado su prestación ascendería a uno 900 millones de euros, según las cifras que baraja el Gobierno.

El ministro de Trabajo prevé cerrar el acuerdo sobre la ampliación del paro en agosto

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha expresado su confianza en que durante el mes de agosto se puedan cerrar acuerdos con los sindicatos y la patronal respecto a la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y a la ampliación de la protección para los trabajadores que hayan agotado las prestaciones por desempleo.

Corbacho ha señalado que no existe una fecha establecida por las partes para conseguir el acuerdo, sin embargo considera que si se puede "tener un acuerdo en siete días" no se deben "esperar quince".

Ampliación del paro, medida de carácter temporal

El ministro se ha reunido esta mañana en Santander con el presidente y la vicepresidenta del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla y Lola Gorostiaga, para analizar la situación económica y del empleo. Tras este encuentro, Corbacho afirmó estar satisfecho por haber visto invertirse la tendencia de aumento del paro en los últimos meses, aunque constató que hay desempleados que después de agotar las prestaciones por desempleo siguen sin reincorporase al mercado laboral.

Según Corbacho, el Gobierno es consciente de esta nueva realidad, por lo que decidió llevar a la mesa del diálogo social una propuesta para crear una renta de prestación, ligada a la formación para el empleo, por un periodo de seis meses. Sin embargo, señaló que esta acción debe tener "una temporalidad", porque se trata de una medida de coyuntura ante la crisis, y además tiene que adoptarse buscando un "equilibrio" entre la protección a esas personas y las disponibilidades económicas del Gobierno, "que no son ilimitadas".