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Estos cambios permitirán incentivar la colaboración y cooperación entre autoridades con competencia para iniciar procedimientos sancionadores
El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión dos proyectos de Real Decreto por los que se modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como el reglamento general para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social.
El objeto de los proyectos es adaptar la normativa reglamentaria reguladora de ambos temas a la directiva europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ya fue parcialmente incorporada al Derecho español. También se busca cumplir con las novedades introducidas en la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, explicó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El primer proyecto recoge diversas novedades, como la posibilidad de valoración por el inspector como medio de prueba de datos o antecedentes de otras administraciones públicas de la UE, la interrupción de los plazos de caducidad por imposibilidad de obtener información y la atribución de una competencia exclusiva a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las funciones de colaboración y asistencia administrativa en la Unión Europea (UE).
Estas modificaciones permitirán incentivar la colaboración y cooperación entre autoridades con competencia para iniciar procedimientos sancionadores en materia laboral en los distintos Estados miembros, con el objetivo de que dichos procedimientos se adapten a la realidad de un espacio único europeo en la prestación de servicios, "lo que dotará al sistema de inspección de mayores recursos para el ejercicio de la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y exigencia de las responsabilidades pertinentes", aseguró el Ministerio.
Por su parte, la modificación del reglamento general para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social introduce modificaciones como la interrupción de los plazos de caducidad por imposibilidad de obtener información debido a dificultades en la cooperación administrativa internacional. También asegura la colaboración entre autoridades con competencia para iniciar procedimientos sancionadores en los distintos Estados miembros.
Además, se ha modificado la competencia atribuida a los órganos del Ministerio de Trabajo e Inmigración en cuanto a la recaudación en período voluntario de las sanciones impuestas por los órganos de la Administración General del Estado, que ahora será asumida por los órganos que resultan competentes de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación.
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