Los Presupuestos Generales del Estado son unos voluminosos libros contables que se entregan cada ejercicio al Parlamento para su enmienda y posterior aprobación. En ellos se refleja, fundamentalmente, en qué gastará sus fondos la Administración estatal y, también, cuáles son los ingresos con los que contará. A simple vista parecen «grandes cuentas» propias del ámbito macroeconómico que no afectan a la economía doméstica. Todo lo contrario, el impacto de dichos presupuestos afecta, invariablemente y de forma importante, a la economía familiar, a nuestros bolsillos en definitiva.
Así, la Ley de Presupuestos se ve acompañada por otra serie de leyes complementarias que fijan por ejemplo el precio de los llamados «impuestos especiales». De esta forma se establecen las tasas que se van a aplicar por ejemplo a los licores, carburantes, tabaco, etc. Productos todos ellos de generalizado consumo, y en cuyo precio final repercute de forma importante un aumento o disminución del impuesto. Se aprueban también para el próximo ejercicio otra serie de tasas, como las de utilización de aeropuertos y puertos. Los funcionarios se ven también especialmente afectados, dado que la ley presupuestaria marcará la subida salarial para el año siguiente, así como los posibles cambios de escala y movilidad.
Los Presupuestos Generales del Estado definen la política económica del Gobierno. Es decir, establecen los objetivos económicos que persigue y disponen los medios para su efectiva realización. Puesto que las administraciones públicas son el mayor operador del mercado económico, sus decisiones sobre la expansión o contracción del gasto, o cómo y en qué gastar, tienen una repercusión directa en nuestra economía. Por ejemplo, decisiones como la de incrementar el gasto social o en defensa, o subir los impuestos para equilibrar el presupuesto o afrontar un mayor gasto han de recogerse en la ley presupuestaria. Sin lugar a dudas, la Ley de Presupuestos es la ley anual más importante que se discute en sede parlamentaria.
De forma breve, veamos dos conceptos que nos ayudarán a entender mejor el debate que cada año se celebra con motivo de la aprobación de los Presupuestos Generales:
.- La ortodoxia: el equilibrio. Implica que la Administración ha de cuadrar sus ingresos y gastos anuales. Si estos últimos superan a los primeros nos encontramos ante un déficit presupuestario. Los países de la zona euro están comprometidos a tender al equilibrio. No obstante, en épocas de recesión es difícil mantener dicho compromiso.
.- Política Keynesiana o anticíclica. Pretende que el Estado actúe de forma activa en la economía global, ayudando a su estímulo en los momentos de recesión. Así lo importante en estos casos es que el Gobierno «gaste» más, aún cuando ello implique incurrir en déficit público. Cuando la economía mejore gracias al tirón de la actuación pública será el momento de cuadrar las cuentas.
