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Sentencia: dejó de pagar las cuotas de un curso de instalador electricista por catálogo y alegó haberlo comprado por publicidad engañosa

  • Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2010
Imagen: John Boyer

Un consumidor compró por catálogo un curso de instalador electricista y le entregaron de manera debida la mercancía. En un momento dado, dejó de pagar las cuotas y la vendedora le demandó, ya que le reclamaba 1.392,48 euros. Se defendió con la alegación de que lo había comprado bajo la influencia de publicidad engañosa y ganó el juicio.

Según se señala en la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (sección 3ª), de 8 de octubre de 2009, estaba acreditado que el interés del consumidor era obtener el carné de instalador electricista autorizado en baja tensión. Con ello, pretendía ejercer después una profesión como autónomo. Por eso contactó con la vendedora. Acudió a su casa un asesor, que le informó sobre la idoneidad del curso y le indicó que su formación era suficiente para acceder a las pruebas de acceso. Le entregó una guía que señalaba que, "como requisito previo, a los candidatos se les pide el título de FP1 Técnico Auxiliar de Electricidad o Electrónica". Ante esa información, el consumidor se convenció de que, a través del curso y una vez superado el examen, podría obtener el deseado carné. Pero esto resultó ser inveraz y la justicia lo consideró publicidad engañosa.

Es engañosa la publicidad que induce a error y puede afectar al comportamiento económico del destinatario

Recuerda la sentencia que el mensaje publicitario debe ser siempre veraz y no engañoso. También indica que es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios y puede afectar a su comportamiento económico, perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. Lo es también toda publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios, cuando esta omisión induzca a error.

En este caso concreto, la sentencia concluye que la información que se contenía en la guía era engañosa y la publicidad, ilícita. La sanción que se impuso a los actos realizados fue la ineficacia del contrato.


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