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Derechos en los establecimientos de ocio

La responsabilidad de cualquier accidente en lugares de recreo recae en el empresario

¿Qué ocurriría si una persona que se encuentra en el interior de una discoteca, bar o sala de fiesta tiene un accidente provocado por una caída mientras baila? ¿O si durante un concierto se produce un incendio que provoca heridos, e incluso muertes? ¿Y si el cantante de un grupo lesiona a alguien del público mientras se lanza desde el escenario presa de la euforia? Los empresarios del ocio están obligados por ley a suscribir un seguro de responsabilidad civil que les permita responder ante estas y otras situaciones que afectan a sus clientes. Los usuarios también disponen de hojas de reclamaciones cuando creen lesionados algunos de sus derechos. Las quejas más frecuentes tienen que ver con el exceso de aforo o la cancelación sin previo aviso de un espectáculo.

Responsabilidades

Un cigarrillo mal apagado, un corto circuito o las malas condiciones de seguridad pueden desencadenar la tragedia en un local de ocio. Salas de fiesta, discotecas, bares, cines y hasta conciertos que concentran a miles de personas no escapan a estos sucesos. De hecho, cada cierto tiempo saltan a las primeras páginas de periódicos de todo el mundo incidentes en locales de este tipo que dejan un reguero de víctimas mortales. El pasado febrero, por ejemplo, el fuego voraz se cebó en una discoteca de Rhode Island, en Estados Unidos. Casi un centenar de personas murieron abrasadas o intoxicadas por el humo. Las llamas se iniciaron por los fuegos pirotécnicos que usaban los integrantes de un grupo de rock para amenizar su concierto.

El ejemplo de Rhode Island ilustra perfectamente lo que supone la responsabilidad de un local de ocio ante posibles accidentes. Durante las investigaciones que se llevaron a cabo después, uno de los principales motivos de la polémica era que el grupo de rock aducía que había pedido permiso a los propietarios de la discoteca para utilizar fuegos pirotécnicos. Pero éstos lo negaban. ¿Qué hubiera pasado si la tragedia hubiera tenido lugar en España?

A la memoria vienen varios hechos trágicos, pero uno de especial relevancia fue el ocurrido en la noche del 17 al 18 de diciembre de 1983 en Madrid. La llamas acabaron con la vida de 83 personas que se encontraban en una discoteca en pleno corazón de la capital. Desde entonces, mucho ha transcurrido y las leyes en materia de espectáculo son bien claras. ¿Quién responde por lo que le ocurra a los usuarios de centros de ocio? ¿Qué derechos tienen los clientes?

Toda la responsabilidad de lo que le ocurra a un usuario dentro de un centro de ocio, como salas de fiesta, cines, bares y discotecas, recae sobre el empresario, según afirma Juan Antonio Fernández, de la Asociación de Salas de Fiesta y Discotecas de la Comunidad de Madrid (Asfydis). Fernández cuenta que se ha llegado a dar el caso de una persona que bailaba en la pista y, que tras caer y lesionarse el cuello, el propietario de la discoteca tuviera que asumir el accidente.

Si durante una larga noche de fiesta, la policía irrumpe en un local de ocio nocturno y al llegar se encuentra con personas en posesión de drogas o que se dedican a venderla en el interior del mismo, una multa de muchos ceros recaerá también sobre el propietario del recinto. En este aspecto, los empresarios se reconocen afectados, pues carecen de maniobras legales que les permitan verificar si una persona lleva estupefacientes. Los tribunales ya han dictaminado en algunas ocasiones que los porteros de discotecas no pueden cachear a los usuarios, aunque en comunidades como Madrid esta posibilidad se ha visto reflejada en el borrador del reglamento que desarrolla la Ley de Espectáculos Públicos.

Hasta hace un tiempo, según explica el portavoz de Asfydis, los centros de ocio en toda España se regían por el reglamento sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 1982. Ahora, las comunidades cuentan con su propia normativa al respecto, aunque existen algunas en las que todavía no se ha llegado a desarrollar el reglamento y hacen uso del que todavía está vigente a nivel nacional.

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