El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) con el respaldo de PSOE, CiU, ERC, PNV, ICV, CC y EA, el voto en contra del PP y la abstención de IU, BNG, CHA y NB. Ahora, seguirá su trámite en el Senado.
Los grupos minoritarios que apoyaron la ley indicaron que no les satisface completamente, pero reconocieron avances en la negociación parlamentaria y renuncias de todos con vistas al consenso. El PSOE, por su parte, manifestó la disposición de seguir dialogando con vistas a eventuales modificaciones del proyecto en el Senado.
La LOE concibe la educación como un servicio público esencial de la comunidad, que puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social. Las administraciones regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que se garantice «el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro».
Entre las novedades destaca la incorporación de una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. En cuanto a la Religión, el texto dice que será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para los alumnos.
Los estudiantes podrán repetir una vez en Primaria y dos en ESO, y sólo en una ocasión por curso. En Secundaria promocionarán con dos materias suspensas como máximo, y «excepcionalmente» con tres cuando el equipo docente lo considere oportuno.
Las administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros organicen pruebas extraordinarias de recuperación.
Discrepancias entre los padres
La aprobación de la LOE ha generado discrepancias entre las asociaciones de padres de alumnos. Así, mientras la CEAPA considera que es positiva y destaca el gran consenso alcanzado entre los partidos, la CONCAPA cree que llevará al país a un «desastre educativo».
Para la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Lola Abelló, la LOE «viene a ordenar el sistema educativo» y «es una ley de gran consenso, aunque el PP no haya entrado». A su juicio, lo más destacado de esta normativa es que «da protección a la escuela pública y normas para los conciertos y la escuela concertada». Ratifica también que la educación «es un servicio público» y es la primera ley «que tiene detrás una memoria económica».
Abelló incide además en que el texto encierra el compromiso del Gobierno de «equipararnos a la media europea» en educación, ya que «llevábamos un retraso enorme sobre todo en financiación, que es uno de los puntos más importantes».
En cambio, para el presidente de la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, la LOE llevará al país a un «desastre educativo similar al de la LOGSE». Según Carbonel, el Gobierno ha engañado a todos los ciudadanos que se manifestaron el 12 de noviembre al no introducir cambios sustanciales en el texto, ni demorar su tramitación parlamentaria.
Por su parte, la patronal de los centros concertados religiosos FERE-CECA y Educación y Gestión, y el sindicato mayoritario en la privada, FSIE, creen que el texto «ha experimentado mejoras que permiten continuar en la búsqueda de un mayor consenso», necesario para que se convierta en un referente que asegure la estabilidad.
Por último, la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza STES y el Sindicato de Estudiantes (SE) opinan que la LOE no garantizará que la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema educativo.
