La empresa que provocó el desastre ecológico de Doñana deberá depositar una fianza de 108 millones de euros

• Fecha de publicación: 2 de agosto de 2004

La empresa matriz del Grupo Boliden deberá depositar una fianza por un importe de 107,83 millones de euros para hacer frente a la reclamación por vía administrativa iniciada por la Junta de Andalucía el pasado marzo sobre el vertido en las minas de Aznalcóllar (Sevilla), según la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las autoridades regionales reclaman a la sociedad los costes y gastos asumidos -que cifran en 89,86 millones- para hacer frente a los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido producido en 1998 en las minas.

El alto tribunal ha acordado, mediante un auto dictado el pasado 1 de julio, estimar el recurso presentado por Boliden y suspender el procedimiento administrativo emprendido por la Junta "siempre y cuando la entidad recurrente preste caución que comprenda el importe de 89,86 millones de euros más un 20% sobre esa cantidad para gastos y costas", lo que supone una cantidad global de 107,83 millones de euros.

El auto del TSJA condiciona la suspensión cautelar de la reclamación económica formulada por la Junta al depósito de avales por parte del Grupo Boliden por un importe equivalente a la cantidad demandada por la administración autonómica, lo que en la práctica implica que por primera vez la empresa se verá obligada a hacer frente a un pago económico por vía judicial.

Según el alto tribunal, el acuerdo es el resultado de la "ponderación circunstanciada de todos los intereses enfrentados en el proceso": por un lado, "la producción con la ejecución de daños o perjuicios de reparación imposible o difícil"; y por otro, "y ante todo, la medida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión con mayor o menor amplitud según el grado en que ese interés se encuentre en juego".

Los gastos reclamados por la Junta en su recurso fueron asumidos por la Administración autonómica con carácter subsidiario tras el vertido producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla), propiedad del grupo empresarial integrado por Boliden Apirsa, S.L., con sede en Sevilla, Boliden AB, empresa matriz domiciliada en Suecia, y Boliden AV, sita en Holanda, contra quienes se dirige la reclamación económica del Ejecutivo andaluz.