El Fiscal General del Estado debería investigar los incendios y castigar a los culpables, según WWF/Adena

El 96% de los 20.000 fuegos que se registran cada año son provocados por el hombre

Fecha de publicación: 6 de agosto de 2004

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es el destinatario de un escrito de WWF/Adena en el que se le solicita que investigue los casos de incendios forestales provocados y castigue a los culpables.

Ante el enorme impacto ecológico y la justificada alarma social que provocan los incendios forestales, la organización ecologista le pide que impulse la creación de fiscalías de medio ambiente especializadas en incendios forestales.

Además, la organización lanza también una acción "online", a la que es posible sumarse desde su página web, para que la sociedad española pueda trasladar al Fiscal General su preocupación ante la impunidad con que se comete este delito en nuestro país.

De los 20.000 incendios que tienen lugar cada año en la actualidad, el 96% son provocados por el hombre, añaden. Sin embargo, sólo en 9 de cada 100 casos se identifica a un culpable, y únicamente 1 de cada 100 incendios termina en detención por parte de la Guardia Civil.

En los últimos 10 años sólo se conoce una condena firme por este delito, de 11 meses de prisión y 42.000 euros de multa, según WWF/Adena. Este colectivo considera que las cifras ponen de manifiesto la ineficiencia en la lucha contra los incendios forestales en España, que se han cobrado desde 1990 la vida de 123 personas.

Los ecologistas recuerdan que los incendios forestales son delitos públicos, por lo que han de ser investigados y perseguidos de oficio por la Policía Judicial y por los jueces, fiscales y Tribunales de Justicia. En las comunidades autónomas tienen competencia en la investigación de los incendios los agentes forestales o de Medio Ambiente, el SEPRONA y la Policía Judicial.

WWF/Adena denuncia que en la mayor parte de los casos la coordinación entre estos órganos es "casi inexistente", por lo que también pide a las administraciones autonómicas que solucionen este problema y se comprometan a promover la investigación de todos los indicios hasta averiguar las causas y aseguren el procesamiento de los responsables de los incendios personándose como acusación particular.