El Gobierno brasileño estudia privatizar un 15% de sus selvas amazónicas a cambio de un canon

Conocida como "el pulmón del mundo" por su gran capacidad para producir oxígeno, la Amazonia es el hábitat natural del 30% de la vida animal y vegetal de todo el planeta y una importante fuente de medicinas. Considerada como la región con mayor biodiversidad del mundo, es también uno de los ecosistemas más frágiles. Esto supone que ya se ha destruido alrededor del 16% su superficie, la mayoría en los últimos treinta años.

El presidente del Gobierno brasileño, Luiz Inacio "Lula" da Silva, se fijó como prioridad desde el principio de su mandato (enero de 2003) la protección de la Amazonia. Año y medio después, su gobierno está estudiando un proyecto de ley, no exento de polémica, con el objetivo de instalar mecanismos para una explotación sostenible de los recursos que ofrece esta inmensa fuente de vida, según ha publicado el diario brasileño "O Globo".

El rotativo carioca explica que este proyecto de ley, que deberá ser presentado en breve ante el Congreso brasileño, prevé dividir en bloques el 15% del territorio selvático. Se trata de una parte de todas las tierras que están en manos públicas, ya sean del Gobierno nacional como las de los estados federales y municipios, a quienes pertenecen en total el 40% de toda la Amazonia. La extensión, de 500.000 kilómetros cuadrados -similar al territorio español-, será entregada en concesión a compañías brasileñas o extranjeras, que podrán extraer sus riquezas forestales. El proyecto también ofrece la posibilidad de explotar frutos, resinas y plantas ornamentales.

En contrapartida, las empresas deberán pagar un canon al Estado que reportará unos beneficios anuales previstos en más de 65 millones de dólares. Esta cantidad será destinada, según el Ministerio de Medio Ambiente, a los programas de conservación del Amazonas. Asimismo, los impulsores de este proyecto afirman que las concesiones no serán inmediatas: en los primeros diez años de vida de la ley se concederá sólo el 20% del territorio previsto para poder probar la medida y desarrollarla si se obtienen resultados satisfactorios. También subrayan que las empresas en ningún caso tendrán la propiedad de la tierra concedida y que en cualquier momento el Gobierno podrá cancelar el contrato en caso de no cumplirse los requisitos de sostenibilidad que se les imponga.

Sin embargo, varios grupos conservacionistas ven en la medida la incapacidad del Gobierno federal de gestionar estas áreas. Algunos expertos denuncian que la propuesta de entregar un área del Amazonas a capital extranjero esconde un intento de "globalizar" la selva amazónica. "Podremos abrir las puertas para que entren grandes grupos extranjeros, como ocurrió cuando se devastaron las selvas de Indonesia y África", denuncia Flavio Garcia, del Movimiento de Defensa del Amazonas en declaraciones a "O Globo".

De hecho, los temores de estos grupos, al menos en parte, ya se han confirmado. En la fase de elaboración de este proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente envió a principios de abril a un grupo de expertos a Australia para analizar cómo funcionó allí una experiencia de «concesión de selva», similar a la que pretende poner en marcha ahora el Gobierno brasileño. El viaje, que tuvo como destino la selva de Nuevas Gales del Sur, contó con la financiación de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Servicio de Bosques de los Estados Unidos (USDA), muy interesados, según denuncian las organizaciones ecologistas en "O Globo", en acelerar el proyecto por los más que probables beneficios para las empresas estadounidenses.

Aunque en un informe reciente realizado por los especialistas invitados a esta gira, los técnicos no arriesgaron un dictamen definitivo, sí afirman que los bosques públicos de Nueva Gales del Sur han generado unas pérdidas financieras al Gobierno australiano de 6,6 millones de dólares. Estos resultados y el riesgo de una pérdida de control del Gobierno sobre estas áreas son unos de los principales miedos de los grupos ecologistas.

Para Greenpeace, partidaria de la propuesta desarrollada por Marina da Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil, es precisamente este punto el que intenta evitar el proyecto de ley que ahora se discute. En un comunicado, esta organización ecologista afirma que "la intención del Gobierno, según las reuniones mantenidas con Greenpeace y otras ONG, es recuperar el control de las inmensas áreas de tierras públicas de la Amazonia que no tienen ningún tipo de protección". Aunque reconocen que el proyecto tiene un gran potencial para poner freno a la continua destrucción que sufre la Amazonia, también advierten que "es un plan arriesgado que tiene elevados riesgos si el Gobierno brasileño, como históricamente viene demostrando, no cumple con sus obligaciones".