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Andalucía y Aragón estudian ya el traspaso de competencias de los parques nacionales

El Ministerio de Medio Ambiente dice que primero "se tiene que estudiar el desarrollo de la sentencia del Constitucional y sus consecuencias"

  • Última actualización: 18 de noviembre de 2004

Andalucía y Aragón no han esperado un instante para mover ficha una vez que el Tribunal Constitucional (TC) les ha otorgado la gestión exclusiva de los parques nacionales. Así, mientras la consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, anunciaba que abrirá "de inmediato" una negociación con el Gobierno central para abordar "un proceso similar a una transferencia" de la financiación económica y el personal de Doñana y Sierra Nevada, el Consejo de Gobierno de Aragón aprobó instar al Estado al inicio de los trámites para la negociación del traspaso de competencias.

El Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, no ha querido dar detalles sobre este asunto, porque primero "se tiene que estudiar el desarrollo de la sentencia del Constitucional y sus consecuencias". No obstante, se sabe que sobre la mesa de negociación se pondrán las diferentes cantidades que hasta ahora el Estado, a través de los presupuestos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, ha venido invirtiendo en cada uno de los 13 espacios que conforman la Red, para llegar así a la partida efectiva asociada a la cesión de estas competencias.

En este sentido, las inversiones reales destinadas a la mejora de la gestión de los parques ascendieron en 2003 a casi 46 millones de euros, sin contar los gastos de personal, aunque esta cifra sí incluye los gastos de otros centros o fincas que pertenecen al Organismo Autónomo. En 2004, las inversiones ascendían sólo para los 13 parques nacionales a más de 43 millones de euros. Y los Presupuestos Generales para 2005 contemplan una partida de más de 62 millones de euros.

Los datos de 2004 sitúan a Doñana a la cabeza en inversiones (7,4 millones de euros) en parques nacionales, seguido de Cabrera (7,1), Picos de Europa (5,7) y Teide (5,1). Por la cola están Timanfaya (1 millón de euros), Aigüestortes (1,2) e Islas Atlánticas (1,3). Ordesa se sitúa en la mitad de la tabla, con 2,7 millones de euros. Además de estas inversiones, el Organismo Autónomo destina una parte de su presupuesto a subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, y que en 2003 supusieron más de 13 millones de euros.

Financiación autonómica

Desde Ecologistas en Acción, su responsable, Theo Oberhuber, se plantea cómo será ahora el reparto de dinero, al tiempo que reclama a las autonomías que en vista de que tienen la competencia también aporten financiación. Hasta el momento, sólo en casos puntuales algunas regiones han aportado recursos propios a sus Parques, a pesar de que la ley de 1997 que regulaba la gestión compartida de estos espacios estipulaba que 18 meses después debía llegarse a un marco de financiación entre ambas administraciones. A este acuerdo sólo llegó Aigüestortes, gestionado en exclusiva por Cataluña. La única pista en este sentido la dio ayer el vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, quien afirmó que ahora Ordesa "se gestionará mejor, porque los servicios tienen el coste efectivo y además siempre la comunidad autónoma hace aportaciones que los mejoran".

Una afirmación con la que no está de acuerdo Oberhuber, quien recuerda "la labor insuficiente que Aragón ha hecho en sus Parques, con una inversión mínima, lo justo para poner los carteles". La participación en la financiación de la Red es un punto en el que coinciden las organizaciones ecologistas. "Es esencial que las autonomías aporten una cantidad importante", señala Oberhuber, quien apuesta por que esta cifra suponga una cuarta parte de la financiación total.

La otra cuestión que se deriva del fallo del TC es la dificultad para esta gestión autonómica en el caso de Picos de Europa, por encontrarse en territorio de Cantabria, Asturias y Castilla y León. Mientras desde Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente decía que no tenían "por qué ser iguales los criterios de gestión en cada una de las áreas", el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, pedía la creación de un órgano "suprarregional" que "tutele" la misma.



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