La Unión Europea elimina la obligación de imponer penas de cárcel a los buques contaminantes

Los embajadores de los Veinticinco ante la Unión Europea han desarrollado un marco común de sanciones penales para los buques contaminantes que establece tan sólo multas de hasta un millón y medio de euros para los casos más graves y que elimina la obligatoriedad de imponer penas de cárcel.

La propuesta que había hecho la Comisión establecía que cada Estado miembro tomara las medidas necesarias para asegurarse de que los vertidos contaminantes fuesen castigados con penas de un mínimo de entre 1 y 3 años de cárcel. Además estimaban un mínimo de diez años de prisión para os casos más graves.

Sin embargo Grecia, Chipre y Malta rechazaron la propuesta. Se trata de los tres países donde se concentra la mayor proporción de armadores. Según ellos la propuesta suponía una desventaja discriminatoria para los buques europeos respecto a sus competidores de terceros países. Por ello finalmente el resto de los Estados miembros han aceptado una solución de compromiso que consiste en que cada Estado podrá imponer penas de prisión sólo a los responsables de los buques que lleven su pabellón nacional.

El acuerdo, que aun debe ser ratificado a nivel ministerial, mantiene las multas penales o administrativas, entre las cuales figura el decomiso de las ganancias derivadas de las infracciones, la inhabilitación temporal o permanente para desempeñar actividades comerciales, la intervención judicial y la inhabilitación para recibir ayudas y subvenciones públicas.

Marpol

La decisión de los Veinticinco conlleva que España sólo pueda dictar penas de prisión contra un buque de pabellón chipriota en los casos ya autorizados por la Convención Internacional Marpol.

En este sentido, los tres países contrarios a la propuesta se han comprometido a apoyar una posición común en la Unión Europea para lanzar un procedimiento de revisión de Marpol. De esta forma pretenden reforzar las medidas de prevención de la contaminación por petróleo, y eliminar todas las excepciones a la prohibición de descargar estos productos en alta mar.

Contribución de armadores

Durante la reunión de los representantes de la UE, también acordaron exigir a los armadores que aumenten su contribución al fondo de responsabilidad civil (CLC), ya que de él salen las compensaciones para los afectados en caso de vertidos contaminantes al mar. Hasta el momento su responsabilidad se limita a 25 millones de euros, cifra que para la mayoría de los Estados miembros, no es un incentivo suficiente.