El Gobierno estadounidense permitirá la explotación comercial de 275.000 kilómetros cuadrados de bosques protegidos

Al final será cada Estado el que decidirá si estas zonas con especial protección pueden ser explotadas

Última actualización: 9 de mayo de 2005

Casi 275.000 kilómetros cuadrados (58 millones de acres) de bosques protegidos, situados esencialmente en Alaska y Estados del este, una tercera parte de los llamados "bosques remotos", serán abiertos a la tala, la construcción de carreteras y demás actividades comerciales, según un anuncio de la Administración del presidente estadounidense George W. Bush.

Precisamente estas zonas boscosas de los estados occidentales fueron delimitadas como protegidas por el anterior presidente, el demócrata Bill Clinton, ocho días antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2001, informó el viernes el diario "Washington Post".

En total, casi 60 millones de acres (240.000 kilómetros cuadrados) de bosques nacionales fueron protegidos por la Administración Clinton, y hoy, como consecuencia de la decisión de Bush, "están en peligro", según explicó el director de la coalición de ONG ecologistas "Campaña por la Herencia de los Bosques", Robert Vandermark.

"El plan de la Administración Bush está basado en la idea de no dejar ni un árbol en pie, una política que prepara el terreno para la tala indiscriminada y la explotación por sectores como la minería en las últimas áreas salvajes", destacó este experto.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Mike Johanns, señaló durante el anuncio de la decisión que su Departamento "está comprometida a trabajar con los gobernadores de estos estados para aunar las necesidades de las comunidades locales con la protección y el cuidado del entorno y la belleza natural de los bosques nacionales".

Desde este Departamento, que incluye al Servicio Forestal, se señaló que los gobiernos podrán basar sus decisiones de "apertura" de estas regiones en la protección de la salud pública, la reducción del riesgo de incendios, la conversación de presas y demás infraestructuras o el derecho de los ciudadanos al acceso a la propiedad privada.

El Servicio Forestal, que tendrá la última palabra en estas peticiones, subrayó que la apertura de las zonas protegidas es voluntaria y que cada Estado podrá decidir si lo hace o no. "Si un gobernador no quiere cambios, no necesita presentar ninguna petición", subrayó.