El transporte es el «gran talón de Aquiles» que tiene España para cumplir el Protocolo de Kioto, porque desde 1990 este sector ha aumentado sus emisiones en un 80%. Lo dijo ayer el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, durante la conferencia inaugural de una jornada celebrada en Barcelona sobre el calentamiento global.
De acuerdo con el Protocolo, España no podrá superar en un 15% sus emisiones de dióxido de carbono respecto a los niveles de 1990 -año base del acuerdo internacional- pero en la actualidad superan ya el 50%. Sin embargo, tras quince años de progresivo incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el Gobierno ha celebrado que, de acuerdo con los datos provisionales, el pasado año fuera el primero en que se rompió esa tendencia y en el que disminuyeron (el 1%), y el primero también que el consumo energético creció menos que el Producto Interior Bruto.
Sectores difusos
Según Aizpiri, el «gran desafío» son los llamados «sectores difusos», en especial el transporte, porque son, con diferencia, la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero.
Por contra, la industria «ha hecho un esfuerzo» para contener las emisiones -las ha aumentado «sólo» un 40% respecto a 1990- y, aunque se tiene la idea de que son las empresas las que más contaminan, en realidad «lo que falla son los servicios de transporte y residencial», apuntó Aizpiri.
El Ejecutivo apuesta por desarrollar una red ferroviaria de altas prestaciones y por crear «autopistas del mar» para sustituir el transporte terrestre de mercancías
Calcula que con las medidas actuales la industria alcanzará entre 2008 y 2012 el objetivo de no emitir más del 37% de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, por el contrario, los sectores difusos sobrepasarán este límite hasta alcanzar aproximadamente el 65%.
Tras el Primer Plan de Asignación de Derechos de Emisión, que por primera vez limitó las emisiones contaminantes de un millar de instalaciones energéticas e industriales, el Gobierno ha aprobado el segundo, que entrará en vigor en 2008.
Este obligará a los dos sectores implicados (industrial y energético) a reducir aún más sus emisiones de dióxido de carbono entre 2008 y 2012, ya que podrán emitir en ese periodo un total de 152.659 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales, 30 millones menos que las asignadas para el periodo 2005-2007.
El Ministerio calcula que cumplir Kioto le costará a España unos 3.000 millones de euros. El objetivo principal del plan es conseguir estabilizar las emisiones de dióxido de carbono en los mismos niveles de 2002, cuando España superaba ya en un 40% las emisiones del año 1990 -año base del Protocolo de Kioto-.
Medidas
Entre las iniciativas promovidas por el Gobierno destacan, además del Plan de Asignación de Derechos, el Código Técnico de Edificación, que obliga a incorporar elementos de eficiencia energética en todos los edificios nuevos, o la Estrategia Española de Cambio Climático, que incluye medidas que afectan a todos los sectores.
En esta nueva línea de acción, el Ejecutivo apuesta por desarrollar una red ferroviaria de altas prestaciones, por crear «autopistas del mar» para sustituir el transporte terrestre de mercancías, por usar vehículos limpios en las flotas de transporte o por sustituir las calderas domésticas de carbón.
