La nueva de Ley de Aguas garantiza que «nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna», por lo que se establece un suministro mínimo de agua potable de calidad de 60 litros por habitante y día. Así lo dijo ayer el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en el transcurso de una rueda de prensa en la que explicó el borrador del nuevo proyecto legislativo. El texto será debatido hoy en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y pretende ser «una herramienta para la sociedad del nuevo milenio».
En virtud de esta normativa, se cederá a las autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel claro de arbitraje en los conflictos interterritoriales. De otro lado, el borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, el órgano superior de dirección y de cooperación de las distintas demarcaciones hidrográficas (esa será la nueva denominación de las Confederaciones Hidrográficas).
El Estado tendrá la mitad más uno del número total de los miembros de ese comité, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcial de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función del total de la superficie y de la población, mediante una fórmula todavía no desarrollada. También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités de dirección aludidos, si bien no se aclara aún del todo cómo será designado.
Tasas
La ley crea una tasa para recuperar el coste de las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, que se situará sobre los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos. Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que «estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos».
La nueva norma pretende también resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en España, para lo cual se establece la obligación de registrar todas aquellas que tengan más de cinco metros de altura o una capacidad de más de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas. Se crea de igual modo una tasa por clasificación y registro de 300 euros y otra por las actividades de control y vigilancia de la seguridad de la presa.
Otra novedad es el establecimiento de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que realizarán las comunidades y los organismos de cuenca en un plazo de tres años. Además, se creará una Conferencia Sectorial del Agua, que se complementará con un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al actual, formado por asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.
Finalmente, el borrador establece un Plan de Acción de Aguas Subterráneas, de tal forma que se dará más competencias y capacidad de actuación a las comunidades de usuarios. Palop precisó que se trata de corregir una problemática que tiene mucho que ver con «un desenfoque legal», que ha llevado a que el 80% de esas aguas esté en manos privadas.
