• Fecha de publicación: 19 de octubre de 2007

La reforma de la ley por la que se ha regido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde su creación hace 27 años, aprobada ayer por el Congreso, multiplica por diez la sanción máxima a una central nuclear. Así, pasa de tres a 30 millones de euros.

El texto recoge además la creación de un fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que "se vincula" a las productoras de energía, y de un Comité Asesor del CSN en el que estarán las comunidades autónomas, los ecologistas y los expertos.

El CSN resaltó ayer que el nuevo régimen sancionador tiene en cuenta el riesgo de estas centrales. A su juicio, la nueva ley "se adecúa" al conjunto de funciones que ha acumulado la institución desde abril de 1980, dándole instrumentos que favorecen la participación e información pública.

Respecto a una propuesta para que las multas se calculen, en los casos graves, en función del beneficio conseguido al seguir funcionando la central, el Gobierno dijo que el Ministerio de Industria podrá encargar una auditoría externa para cuantificar esos posibles beneficios.

Fugas de cesio

Por otro lado, Greenpeace ha acusado al CSN, así como al Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía, de haber instalado una "bomba de relojería radiactiva" en las inmediaciones de la ciudad de Huelva.

La organización ecologista afirma haber descubierto fugas del isótopo radiactivo cesio-137 al río Tinto, a escasos centenares de metros de la ciudad, procedentes de las más de 7.000 toneladas de material contaminado radiactivamente por el accidente ocurrido en la factoría de Acerinox en Algeciras (Cádiz) en 1998. Estos desechos se enterraron "de forma incontrolada" en el denominado Centro de Recuperación de Inertes (CRI), ubicado en las marismas de Mendaña.

Según Greenpeace, las investigaciones de un grupo de expertos han determinado que a través de filtraciones del terreno, el cesio-137 está incorporándose a las aguas de un afluente de la Rivera de la Nicoba, que poco después confluye en el río Tinto.

El 25 de mayo de 1998, la planta de Acerinox en Algeciras fundió de forma accidental una fuente de cesio-137 que se liberó a la atmósfera en forma de nube radiactiva y contaminó, a su vez, las escorias de la fundición, los hornos y otros equipos de la factoría.

Los ecologistas dicen que el CSN ocultó este suceso durante dos semanas, pese a que las autoridades nucleares de Francia, Suiza, Italia y Alemania llevaban días preguntándose por el origen de la contaminación detectada, que en algunos puntos había llegado a ser de hasta 1.000 veces superior a la radiactividad de fondo natural.

El CSN, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), dependiente del Ministerio de Industria, y la Junta de Andalucía decidieron que estos residuos fueran enterrados en el Centro de Recuperación de Inertes (CRI), por considerar que no eran radiactivos, en lugar de confinarlos en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba).

"La decisión de enterrarlos de forma descontrolada se ha demostrado claramente errónea y peligrosa para la salud pública y el medio ambiente", afirma Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

Ahora, la organización conservacionista se plantea emprender acciones judiciales para depurar responsabilidades.