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El director del centro lamenta que se dejara entrar a los escolares a sabiendas de lo sucedido
Un total de 44 alumnos del Colegio Maristas de Girona visitaron, acompañados de tres profesores, la central nuclear de Ascó (Tarragona) el 4 de abril, el mismo día que se conoció la fuga radiactiva ocurrida el pasado 28 de noviembre. El director del centro, Robert Serra, ha pedido a los responsables de la planta que sometan a los niños a una revisión para descartar riesgos.
En un primer momento, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) clasificó el suceso de nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), que llega a 7 en caso de accidente grave. Sin embargo, posteriormente decidió reclasificarlo a nivel 2 por inadecuado control del material radiactivo y por proporcionar, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), información incompleta y deficiente.
Pese a que el CSN afirma que el impacto radiológico que se deriva de los nuevos datos sigue siendo "muy poco significativo", el director del colegio cree que los alumnos deben pasar una revisión. Serra lamentó que "se les dejara entrar y que se siguieran permitiendo las visitas de escolares teniendo conocimiento del suceso desde noviembre".
El órgano regulador anunció que se examinaría a las personas que pasaron por la planta desde el pasado 28 de noviembre (entre 700 y 800). Hasta la fecha, se han efectuado mediciones a 579 personas, sin encontrar en ningún caso indicios de material radiactivo, precisó el Consejo.
Por su parte, Greenpeace ha formulado más de 50 preguntas al CSN en relación con el vertido, a las que tendrá que responder en el plazo máximo de un mes, según figura en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental.
Según la organización ecologista, el total esclarecimiento de los hechos ocurridos en relación con el suceso es fundamental para depurar las responsabilidades de los titulares de la central y, en su caso, del propio CSN.
"Conocer lo que realmente sucedió es necesario para que los ciudadanos puedan reclamar la imposición de las sanciones que correspondan de acuerdo con la legislación nuclear, así como para iniciar las acciones penales que resulten pertinentes por delito medioambiental y las reclamaciones por vía civil que procedan de acreditarse la existencia de daños a las personas o al medio ambiente", declaró Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
Las preguntas tratan, entre otros aspectos, sobre el contenido de las instrucciones existentes en los procedimientos de la central, las acciones realizadas por los operarios de la misma, el diseño de los sistemas y su cumplimiento con los criterios de seguridad y las bases de diseño aprobadas, o la notificación de los sucesos relevantes para la seguridad a las autoridades para informar de ello al público.
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