El Supremo anula el plan de asignación de emisiones 2005-2007

El Ejecutivo deberá realizar una nueva asignación individual de CO2 a las empresas

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2008

El Tribunal Supremo ha decidido anular el Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para los años 2005-2007. La sentencia estima el recurso presentado por Endesa en marzo de 2005 contra este acuerdo realizado en aplicación del Real Decreto Ley 5/2004 de 27 de agosto, que regula el régimen de comercio de las emisiones de dióxido de carbono(CO2).

El Alto Tribunal da la razón a Endesa y considera que el Gobierno "no explicó cuál fue la metodología empleada para la asignación de los derechos de emisión" a las diferentes instalaciones eléctricas y no cumplió "el trámite de información pública". Por ello, le obliga a realizar una nueva asignación individual de CO2 a las empresas.

Endesa acusó al Ejecutivo de que la asignación individual para el trienio 2005-2007 se realizó con una estimación de la oferta y la demanda de electricidad "sin especificar el cálculo de tal evaluación o apreciación" y sin cumplir con el trámite de información pública.

La Administración General del Estado, por su parte, rechazó el recurso alegando que el reparto de emisiones se fundamentó en "complejos parámetros y cálculos técnicos".

El citado plan establecía una asignación gratuita de 172,31 millones de derechos de emisión en promedio anual para los sectores afectados.

Desde el Ejecutivo han señalado que el fallo del Supremo no anula el Real Decreto Ley 5/2004, sino que determina que las asignaciones individuales no están adecuadamente motivadas. Por ello, para ejecutar la sentencia prevé aprobar en Consejo de Ministros un acuerdo de los ministerio de Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio, y Medio Ambiente que recoja la motivación individual sin modificar el cálculo de las asignaciones, que a su juicio son "correctas".

El Reino Unido obliga a reducir las emisiones

El Reino Unido se convertirá en el primer país del mundo que hará obligatorias las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% hasta 2050, según figura en la futura ley de cambio climático de este país, que esta semana ha comenzado a debatirse en el Parlamento británico.

La normativa cubrirá las emisiones de todos los sectores, incluyendo la aviación y el transporte marítimo. "Es un paso decidido después de que el pasado 16 de octubre el Gobierno decidiera que el objetivo de reducción de emisiones para 2050 pasara del 60% al 80%", señaló Amigos de la Tierra.

Desde hace tres años, esta organización lleva a cabo en 16 países europeos y en Japón una campaña, llamada "The Big Ask", que ha conseguido que, sólo en el Reino Unido, más de 200.000 personas contacten con sus representantes políticos en apoyo a una ley de cambio climático.

Las últimas predicciones científicas revelan que los países industrializados deben reducir sus emisiones al menos un 80% antes de 2050 para evitar los efectos del calentamiento global. Además, Amigos de la Tierra advierte de que es necesario que aseguren ayuda suficiente a los países más pobre y vulnerables.