Un estudio de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias expone que el 30% de las muertes por infarto podrían evitarse

Un estudio de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES) destaca que el 30% de las muertes por infarto de miocardio podrían evitarse si los servicios de asistencia de urgencia estuvieran bien dotados y organizados. Este trabajo indica además que un 90% de los pacientes que ingresan en estos servicios son atendidos por médicos en periodo de formación sin contrato indefinido.

A pesar de algunas mejoras introducidas desde que la SEME denunció ante el Defensor del Pueblo la situación, estos servicios siguen lastrados por un mal funcionamiento. Continúa la escasez de camas y el tiempo medio que soporta un enfermo hasta que es atendido es difícilmente justificable. Por añadidura, los servicios de urgencias representan la principal puerta de entrada a la hospitalización, hasta el punto de que el 70% de las personas que son atendidas ocupan luego una cama en el centro sanitario.

Para la SEMES, carece de explicación el hecho de que el médico de urgencias carezca de una especialidad reconocida oficialmente. Es más, no existe un perfil homogéneo y acreditado de cuál es el profesional indicado para trabajar en un servicio tan demandando por la población.

A tenor del análisis realizado por la sociedad científica, en la organización de las urgencias prima la improvisación. El colapso de estos servicios se produce con más frecuencia de lo que es aceptable, de manera que el caos se desata no sólo cuando hay epidemias de gripe o intoxicaciones alimentarias, sino también por otras circunstancias producto de la mala gestión, afirma la SEMES.

Precariedad laboral

"No entendemos por qué no se ha regulado este tipo de asistencia. No hay una norma que fije requisitos mínimos ni criterios establecidos oficialmente para elegir prioridades o definir qué es lo más grave y qué es menos grave", apunta el presidente de la SEMES, Luis Jiménez Murillo. A pesar que unos 40 millones de españoles demandaron el año pasado cuidados sanitarios urgentes y se atendieron 939 urgencias por cada 1.000 habitantes, estos servicios plantean grandes deficiencias, una de ellas la precariedad laboral de los profesionales.

De acuerdo con el informe, tres cuartas partes del personal de enfermería y casi todos los facultativos que trabajan en estos servicios no tienen un contrato indefinido. "Un importante porcentaje de este personal trabaja a través de empresas subcontratadas", dice el informe.

La SEMES hace hincapié en que la atención al paciente descansa en médicos residentes que se encuentran en el primer año de su formación, cuando las disposiciones de la Unión Europea (UE) imponen que hasta el segundo año del MIR (Médico Interno Residente) nadie puede ejercer la medicina.