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El Estado indemnizará con 663.000 euros a unos padres por los daños cerebrales irreversibles que sufrió su hijo al nacer

Según una sentencia de la Audiencia Nacional, un control médico correcto habría evitado estas lesiones

  • Fecha de publicación: 20 de abril de 2004

El Estado deberá indemnizar con 663.000 euros a unos padres por los daños cerebrales irreversibles padecidos por su hijo como consecuencia de la desatención médica que sufrió durante el parto. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional en una sentencia en la que asegura que con un correcto seguimiento del parto se habrían podido tomar "las medidas oportunas que hubieran permitido al niño nacer en unas condiciones de vida muy diferentes".

Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 1987, cuando la paciente ingresó en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real), dependiente del Instituto Nacional de la Salud, con síntomas de parto. La asistencia corrió a cargo de la matrona, sin que el ginecólogo acudiera ni siquiera cuando las complicaciones del parto fueron ya más que evidentes. El alumbramiento se produjo sin que madre e hijo fueran sometidos al obligado control.

Las lesiones cerebrales sufridas como consecuencia de la falta de oxigenación le han dejado una minusvalía irreversible cifrada en el 74% en julio de 1992 (cuando el niño tenía 5 años de edad) y en un 90% en septiembre de 2001 (con 14). Todo ello se traduce en la incapacidad del menor "para los actos esenciales de la vida", en su total dependencia de terceras personas, así como en su necesidad de alimentación específica, vivienda y medios de transporte adaptados y asistencia sanitaria continuada.

Informes coincidentes

El Tribunal ha basado su fallo condenatorio en los informes médicos y periciales aportados por la demandante, coincidentes en sus conclusiones con el realizado por la Inspección Médica del Instituto Nacional de Salud.

Una de estas pruebas periciales habla de una "deficiente asistencia facultativa" de la parturienta a la vista de que, desde el momento en el que ésta alcanzó la dilatación completa y hasta que se produjo el parto (tres horas), no se llevó a cabo un "control monitorizado" ni se midió el "ph" como único medio para "evitar el sufrimiento fetal".

"Si el parto hubiera sido monitorizado y hubiera sido atendido por un médico especialista en Obstetricia y Ginecología, se hubieran podido diagnosticar con tiempo suficiente alteraciones de la oxigenación fetal o de la dinámica uterina y, consecuentemente, se hubieran tomado las medidas oportunas para su solución", añaden los peritos.

La ausencia del ginecólogo de guardia, cuya "obligación es informarse del estado de la urgencia y, por ende, de los casos y patologías que se ingresen", fue determinante. "El no haber sido valorada la evolución del parto por un ginecólogo supuso con toda probabilidad que se privara a la paciente y a su hijo de una asistencia correcta, poniendo a su disposición los medios materiales de los que disponía el hospital y los conocimientos profesionales del médico que, a buen seguro, hubiera tomado otra decisión (...) que hubiera evitado la situación en la que vive" el menor.




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