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Sanidad remite a las comunidades el proyecto que permitirá a los pacientes decidir sobre su tratamiento

El enfermo podrá influir en las futuras decisiones asistenciales que puedan afectarle, incluso en aquellas que se refieran a después de su muerte

  • Última actualización: 19 de noviembre de 2004

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha enviado a las comunidades autónomas un proyecto de decreto que regula el registro nacional de instrucciones previas, para que sea debatido en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Con el documento de instrucciones previas, su titular podrá manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos.

Según las autoridades sanitarias, este documento, que obliga a crear un fichero automatizado de datos, "es la expresión del respeto a la autonomía del paciente, que podrá influir en las futuras decisiones asistenciales que puedan afectarle". Al mismo tiempo, supone una ayuda para los profesionales sanitarios en la toma de decisiones respetuosas con los deseos del enfermo que carece de capacidad para decidir por sí mismo.

El documento de instrucciones previas quedó definido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones. Desde la entrada en vigor de esta ley, en mayo de 2003, varias comunidades han establecido normas que regulan sus registros de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Pero, dos años después de la aprobación de dicha normativa, aún no se había dado el visto bueno al correspondiente decreto por el que se creaba y regulaba el registro nacional, que estará adscrito a Sanidad. En él se recogerán las inscripciones de los distintos registros autonómicos, que tendrán validez en todo el territorio nacional.

Vía telemática

Una vez que se produzca la inscripción en cualquiera de los registros autonómicos, los responsables de éstos deberán comunicarlo al registro nacional por vía telemática y en un plazo máximo de 72 horas para su inclusión. Cuando el formulario de datos resulte incompleto o se aprecie algún defecto, se procederá a la inscripción provisional y se requerirá al registro autonómico para que facilite los datos en un plazo máximo de 15 días. Si transcurrido este plazo no se subsana la falta de información o se corrigen los errores advertidos, se denegará la inscripción.

Podrán acceder a este registro las personas que hayan presentado sus instrucciones previas así como sus representantes legales, en el que caso de que los haya. El sistema de consulta del registro garantizará en todo momento la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos y la plena disponibilidad a cualquier hora del día por parte de los interesados.

El proyecto, tras ser debatido en el Consejo Interterritorial, será remitido al Consejo de Estado y, posteriormente, al Consejo de Ministros para su aprobación. Cuando se haya puesto en marcha esta especie de banco de datos, las comunidades que tengan registros propios deberán remitir la totalidad de sus inscripciones al registro nacional, que contará con un fichero automatizado de datos de carácter personal. En caso de que alguna comunidad no tenga aún registro, las personas interesadas podrán inscribirse directamente en el nacional mientras se procede a la constitución del correspondiente registro autonómico. Cuando esto suceda, el registro nacional enviará toda la información al organismo autonómico.




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