El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha hecho públicos unos datos que reflejan que el consumo de tabaco se habrá reducido en España entre un 5% y un 7% a final de año. Y es que en 2006 se acabarán vendiendo 200 millones de cajetillas menos, según una nota de esta organización, integrada por 42 sociedades científicas y asociaciones del ámbito sanitario español.
Las ventas de tabaco descendieron más de un 6% en el primer trimestre de 2006 respecto al mismo periodo del pasado año, aunque esta tendencia se ha moderado hasta un 3,7% en octubre. «En cualquier caso, esta cifra supone un descenso seis veces mayor que el que hubo en 2005, que fue del 0,6%», indicaron desde el CNPT, que valoró el dato como «muy positivo en la medida en que el menor consumo significa menos enfermedad y muertes prematuras tanto en el presente como en el futuro».
Teniendo en cuenta que los españoles consumen entre el 60% y 65% de todo el tabaco que se vende legalmente en España, «supone que el descenso real de compra de tabaco por parte de los ciudadanos españoles se situará al final de año entre el 5% y el 7%», señalaron desde el comité, que destacó que estas cifras «coinciden con las que están suministrando los propios estanqueros».
El análisis de las cifras de venta debe tener presente que «España está boicoteando una parte importante de las políticas preventivas contra el tabaco que siguen países vecinos, consistente en elevar su precio para disuadir el consumo», explicó el CNPT. La diferencia de precios en naciones fronterizas «distorsiona la equivalencia entre ventas y consumo de tabaco entre los españoles, como pone de relieve que cada año sea mayor el porcentaje de ventas legales al exterior», apuntó.
Las autoridades económicas españolas «deberían saber que el tabaco es un producto en regresión lenta pero inexorable y con poco futuro en toda Europa, de la que proceden la mayoría de turistas que visitan España». Por ello, argumenta el CNPT, no puede considerarse que la actual política fiscal española del tabaco, pese a los modestos incrementos del impuesto mínimo, sea una estrategia positiva ni para la salud de los españoles ni para la balanza comercial. En un Estado que verdaderamente vela por los ciudadanos, la protección de la salud debe prevalecer sobre las consideraciones económicas sectoriales, concluyó la organización.
