El 69,8% de los españoles piensa que el Estado debería asumir las competencias en materia de Sanidad, que ahora depende de las comunidades, a fin de resolver los problemas actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS), según revela una encuesta promovida por el Consejo General de Enfermería.
«Mucha gente no se va a quedar contenta con estos resultados», reconoce Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, ya que evidencian que «los ciudadanos están dispuestos a asumir cambios». Uno de los más apoyados por los encuestados es la recuperación de competencias por parte del Estado en materia de Sanidad, una medida que es considerada más adecuada por los mayores de 35 años y las clases sociales baja y media.
Esta recuperación de competencias está justificada en la «garantía y seguridad» que aporta el Estado, así como «por los problemas de gestión que en algunos casos se pueden atribuir a algunas comunidades», explica José María San Segundo, director del estudio. «La gente cuando va a otra comunidad ve lo que pasa cuando quiere recibir atención médica, ya que actualmente hay verdaderas fronteras sanitarias entre comunidades», añade González Jurado.
En el estudio también se preguntó a los ciudadanos por algunas medidas concretas sugeridas para garantizar la sostenibilidad del SNS. Entre las propuestas, la más respaldada ha sido la creación de un copago creciente en función de la renta de los ciudadanos, aceptada por el 63,5% de los encuestados. En concreto, el 50,8% entiende que va a ser necesario en los próximos años y el 48,6% lo ve justo, aunque hasta un 73% entiende que es una medida que «no está todavía socialmente aceptada».
Menos apoyo ha recibido la posibilidad de establecer un ticket disuasorio, es decir, un pequeño pago por los servicios, ya que solo el 54,8% de la población lo vería adecuado o muy adecuado. Esto se debe a que solo un 51% considera que sería muy eficaz, mientras que el 77,2% cree no que no sería socialmente aceptada. Además, el 66,2% de la población rechaza la posibilidad de que los jubilados pagasen parte de sus medicinas, mientras que hasta un 68,3% ve adecuado o muy adecuado que se reduzca algunas prestaciones o medicamentos de menos necesidad o importancia, algo que en cambio un 31,2% lo rechaza de forma taxativa.
