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Cáritas exige la creación de un Plan Estatal para los sin-techo con una asignación presupuestaria suficiente

El "nuevo perfil" de este colectivo de 300.000 personas y la súbita llegada de inmigrantes está desbordando a las ONG´s

  • Última actualización: 8 de mayo de 2002

En vísperas del Día de los Sin-Techo que se celebrará el domingo, Cáritas exigió ayer un Plan Estatal para las personas sin hogar, con asignación presupuestaria suficiente y con una clara asunción de su responsabilidad pública por parte de las Administraciones, "que ahora están escurriendo el bulto y traspasándola a las ONG's".

Según Caritas, las propias Organizaciones no gubernamentales se encuentran casi desbordadas, no sólo por la consolidación de un "nuevo perfil" de las 30.000 personas que componen el colectivo de los sin-techo, que demanda recursos añadidos a los tradicionales de comedor y albergue, sino por la súbita llegada a esos servicios sociales de inmigrantes, que no pueden considerarse excluidos pero que corren el riesgo de acabar siéndolo.

La llegada de inmigrantes económicos a los dispositivos para personas sin hogar es la relativa "gran novedad" en el ámbito de los sin techo, afirma esta ONG. Relativa, porque ya empezaba a dibujarse en el exhaustivo estudio realizado el año pasado por ella misma, donde la proporción de extranjeros rondaba el 24%. Y grande, porque el salto ha sido enorme: en promedio alcanza ya el 45%, y en algunos servicios ha trepado al 80%.

Las consecuencias más inmediatas han sido dos. Una, que obliga a repartir los recursos, de por sí limitados, entre el colectivo tradicionalmente excluido y otro que no lo es, pero que se ve abocado a pedir ayuda ante la ausencia de servicios específicos para la inmigración. Y otra, que eso despierta irritación, y reacciones xenófobas, en el primer grupo.

En este contexto, el coordinador de Acción Social de Cáritas, José Manuel López, y la responsable del Programa de Sin-Techo, Esperanza Linares, constataron ayer dos noticias, una buena y otra mala. La buena es un punto de partida: el Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Acción para la Inclusión, que debería ser "el primer paso en la mejora de las políticas sociales y un instrumento de compromiso y de referencia". La mala, un cúmulo de déficits, una clara conciencia del largo camino que queda por recorrer.




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