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Los teléfonos de atención al menor reciben el apoyo del Parlamento Europeo

La Eurocámara pide a la UE y a los Estados miembros que los apoyen como parte esencial del sistema de protección de menores

  • Fecha de publicación: 31 de enero de 2006

El Parlamento Europeo ha aprobado una declaración por escrito en la que reconoce la labor de los teléfonos de atención al menor, recomendando a la UE y a los gobiernos de los Estados miembros que apoyen su trabajo como parte esencial del sistema de protección de menores, según informa la Fundación ANAR, que recuerda que desde 1994 mantiene abierta "la única" línea de ayuda a niños y adolescentes que cubre todo el territorio nacional.

En 2005, el Teléfono del Menor ANAR (900 20 20 10) atendió más de 120.000 llamadas, que unidas a las recogidas desde 1994 suman casi un millón y medio. Los casos "son atendidos exclusivamente por psicólogos y ofrecen una respuesta eficaz a los menores en problemas tales como 'bulling',maltrato, trastornos psicológicos, etc.", señala la Fundación.

Para el director de la ONG, José Antonio García, "esta iniciativa de los europarlamentarios es muy importante ya que reconoce la labor realizada en estos años, no sólo en la atención a los niños y niñas con problemas, sino que también anima a apoyar la labor de prevención que desarrolla la Fundación".

Número común

La Eurocámara recomienda que las líneas de atención al menor tengan un número gratuito y, más adelante, puedan tener un número común, como ya sucede con otros servicios públicos de emergencia. Invita además a los países miembros a que orienten y ayuden a la Child Helpline Internacional (CHI) -red internacional de teléfonos de ayuda al menor-, con el fin de que estas líneas puedan trabajar en red y asociarse en cuestiones regionales.

Por otro lado, el Parlamento Europeo destaca que las asociaciones de derechos de los niños y las ONG que trabajan con menores deben desempeñar un papel en la política de desarrollo a nivel nacional y europeo. A su juicio, deberían tenerse en cuenta en la financiación comunitaria, como ocurre con otros sectores de los derechos humanos.


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