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La Ley de Dependencia beneficiará a 1,2 millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos

El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a esta normativa

  • Fecha de publicación: 6 de octubre de 2006

Aunque aún falta el trámite en el Senado y un último pase por la Cámara Baja, la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados dio un anticipo del apoyo mayoritario que concita la futura Ley de Dependencia, que atenderá a 1,2 millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos. Para 2015 se pretende que la cifra ascienda a 1,4 millones.

La ley sumó los votos a favor de todos los grupos, incluido el apoyo del PP. Sólo fue rechazada por los nacionalistas de CiU, PNV y las dos diputadas de Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, que denuncian invasión en las competencias autonómicas en materia de protección social.

Los beneficiarios contribuirán al pago de los servicios según su renta y patrimonio

Cabe destacar de la nueva ley que hará a todos los ciudadanos beneficiarios de la red de protección social que va a nacer. Se llamará Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El futuro SAAD se encargará de la atención a las personas dependientes (ancianos, discapacitados...).

La ley "garantizará un mínimo estándar de igualdad" de los servicios en todo el territorio español, aseguró Jesús Caldera. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recalcó que, por primera vez, millones de personas tendrán "el derecho a ser atendidas por las administraciones" cuando los achaques de la edad, la enfermedad o alguna discapacidad les impida manejarse por su cuenta.

Claves del sistema

Principios: El acceso a los servicios y prestaciones será igual en todo el país y tendrá carácter universal. Para ello colaborarán los servicios sociales y sanitarios, públicos y privados, y participará el tercer sector. Siempre que sea posible los usuarios disfrutarán de los servicios en el entorno en que desarrollen su vida. Serán atendidos de forma "preferente" los grandes dependientes.

Beneficiarios: Todos los españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados que establece la ley (moderado, severo y gran dependencia). Se ha incluido también a los menores de tres años.

Servicios: Teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, y residencias para mayores y personas dependientes, según la discapacidad.

Prestaciones: Cuando el usuario no pueda acceder a este servicio de la red pública o concertada, recibirá una prestación económica para que lo adquiera en el sector privado. Excepcionalmente, la persona dependiente podrá ser cuidada por un familiar, que tendrá una compensación económica y estará dado de alta en la Seguridad Social. Los cuidadores recibirán formación y disfrutarán de periodos de descanso. Además habrá una prestación para contratar un asistente personal durante un número de horas en las situaciones de gran dependencia.

Financiación: Comunidades y Administración General del Estado sufragarán al 50% el coste de los servicios. Se fijará una cantidad anual en los Presupuestos Generales. Para 2007 se han previsto 400 millones de euros, cantidad que también deberán aportar las autonomías. Los usuarios colaborarán según su capacidad económica. Ningún ciudadano quedará fuera del sistema por no disponer de recursos.

Aplicación

El proyecto configurará un sistema público de atención a las personas sin autonomía personal, entre ellos más de un millón de mayores o discapacitados en situación difícil, de las cuales casi 600.000 serán atendidas entre 2007 y 2009. El primer año se empezará por los casos más graves, los de aquellos que por una pérdida total de su autonomía física o mental necesitan la presencia indispensable y continua de otra persona.

La ley pretende que las personas permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible. Cada persona tendrá un "programa integral de atención personalizada". En el catálogo de atenciones están previstas la teleasistencia (ahora dispone de ella el 2,05% de las personas de más de 65 años, según el Gobierno), la ayuda a domicilio (la recibe el 3,14% de los mayores), los centros de día (acude a ellos el 0,46%) y las residencias (existen 3,6 plazas por cada cien mayores). Todas estas prestaciones podrán ser ampliadas por las autonomías.

Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona, en función de su nivel de dependencia. La ley establece tres grados: grado I (moderada), cuando la persona necesita ayuda para hacer actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; grado II (severa), cuando necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un cuidador, y grado III (gran dependencia), cuando necesita la presencia indispensable de otra persona. En cada uno de los grados se distinguirán dos niveles en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado.

Habrá una fórmula de copago. Los beneficiarios contribuirán a sufragar los servicios en función de su renta y del patrimonio: a mayor capacidad económica, menor ayuda, y viceversa, el Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta 2015 para desplegar totalmente el sistema de dependencia y las comunidades autónomas invertirán la misma cantidad.

No se prevé crear una red pública de centros, sino aprovechar y extender la ya existente y hacer compatible la prestación pública de servicios y la concertación con centros privados que cumplan los requisitos de calidad que se exijan.




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