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Amnistía Internacional pide a la CE que potencie políticas de transparencia en el mercado de diamantes

Reclama garantías de que las piedras preciosas no sirven para financiar conflictos armados en los países de origen

  • Fecha de publicación: 23 de enero de 2007

La Comisión Europea (CE) debería potenciar un mercado de compra venta de diamantes en el que las compañías tengan políticas de transparencia y ofrezcan garantías de que no comercian con los conocidos como "diamantes de sangre", según una solicitud de Amnistía Internacional (AI) al Ejecutivo comunitario.

La petición, dirigida a la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, está motivada en que Bruselas ostenta a lo largo de 2007 la presidencia anual del Sistema Internacional de Certificación del Proceso Kimberley, diseñado para evitar que los conflictos armados sean financiados mediante el comercio de diamantes. En ese sentido, AI también reclamó a la CE que se siga desarrollando el protocolo de Kimberley, cuyos "vacíos legales" le hacen perder eficiencia y permite a grupos armados rebeldes utilizar los diamantes como fuente de ingresos.

"Todas las empresas del sector deberían desarrollar un sistema que asegure que el diamante pasa directamente de la mina a la tienda", señalaron desde la organización. "Las compañías de diamantes deben aplicar sus propias normas de transparencia y sus sistemas de garantías", apuntó AI, que pidió además a Bruselas una financiación adecuada para que el sistema funcione. El comercio ilegal de diamantes genera importantes problemas en países como Costa de Marfil, Sierra Leona y la República Democrática del Congo, según la carta dirigida a la CE.

Un total de 71 países, entre ellos los principales exportadores e importadores de diamantes, están suscritos al mecanismo de Kimberley, que inició sus pasos en el año 2000. También forman parte de él diversas organizaciones no gubernamentales y empresas del sector. Gracias entre otros factores a este sistema de control, actualmente sólo un 0,2% de los diamantes que se venden en el mundo proceden de lugares de conflicto, según datos aportados por el Ejecutivo comunitario.




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