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Los inmigrantes sufren en España más accidentes laborales y presentan mayor precariedad en lo referente a la vivienda, según la UE

Nuestro país no tiene todavía un organismo que promueva la igualdad o trate las quejas de afectados

  • Fecha de publicación: 28 de agosto de 2007

Según datos dados a conocer por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, que presentó su informe anual sobre Racismo y Xenofobia en la Unión Europea, los inmigrantes que llegan a España, especialmente los de origen marroquí, sufren el mayor número de accidentes laborales y encuentran problemas en el mercado inmobiliario, por ejemplo a la hora de formalizar un alquiler.

Para los que realizan trabajos temporales en la agricultura las condiciones de vida precarias llegan a ser dramáticas, viéndose obligados a vivir en fábricas abandonadas o en viviendas de menos de 10 metros cuadrados en el 19% de los casos, según la citada fuente.

El alto índice de accidentes laborales en inmigrantes representa una de las mayores alarmas. Según el estudio, 8,35 de cada 100.000 trabajadores inmigrantes sufre un accidente laboral en España, mientras las cifras descienden a 6,23 casos por cada 100.000 trabajadores españoles.

La precariedad de la vivienda que se ofrece a los inmigrantes es otro de los puntos oscuros para los inmigrantes en España, ya que muchas veces son alojados en fábricas abandonadas o granjas destrozadas bajo condiciones de higiene inmundas. No obstante, el mayor susto se lo llevan al llegar a la que se será su morada durante sus meses o años de estancia: en el 19% de los casos es menor de 10 metros cuadrados y el 61% de ellos ni siquiera cuenta con una habitación propia.

Aunque también destacan algunos ejemplos de buenas prácticas llevados a cabo por España en los últimos años, muchas son las críticas y los vacíos legales que presenta todavía nuestro país para atajar las diferencias por raza en el ámbito laboral y de búsqueda de alojamiento. Así, a pesar de que España traspuso la directiva de Igualdad Racial en 2003, no existe evidencia alguna de su puesta en práctica. De esta forma, España no cuenta todavía con un organismo que promueva la igualdad o trate las quejas de afectados y tampoco se tiene constancia de la imposición de sanciones en caso de discriminación por parte de ninguna entidad.




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