La OIT llama a todos los países a que ratifiquen el tratado sobre los derechos de las personas con discapacidad

Este texto garantiza el derecho a un trabajo decente este colectivo, que suma 650 millones en todo el mundo
Por EROSKI Consumer 3 de diciembre de 2007

Todos los países del mundo que aún no lo hayan hecho deberían ratificar la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue aprobada en diciembre de 2006, según solicitó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que aprovechó para ello la celebración hoy del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Hasta el momento sólo siete países han ratificado el tratado, que necesita veinte ratificaciones para entrar en vigor, explicó la responsable del programa «Discapacitados y trabajo» de la OIT, Barbara Murray, que se mostró esperanzada porque otros 117 países han firmado la convención, que garantiza el derecho a un trabajo decente para las personas discapacitadas.

La agencia de la ONU presentó en torno a este asunto el informe titulado «El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidad», realizado por Arthur O’Reilly y que trata sobre los principales instrumentos jurídicos, las políticas y las iniciativas internacionales y nacionales relacionadas con los discapacitados y el mundo laboral. «El significativo crecimiento en la legislación antidiscriminatoria a nivel doméstico en los últimos años es prometedor, pero la adopción de una ley no implica su aplicación», recordó O’Reilly.

En todo el mundo hay unos 650 millones de discapacitados, de los que 470 millones están en edad de trabajar, señaló la OIT. No obstante, se trata de un segmento de población con una alta tasa de desempleo. Los trabajos poco cualificados y con salarios bajos y la falta de representación en los puestos directivos son los principales obstáculos a los que deben enfrentarse los discapacitados, según el informe. Además, «corren el riesgo de perder beneficios al empezar a trabajar y están expuestos a los prejuicios de sus colegas, los empleadores y el público general», añade el informe.

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