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El nivel actual de la extrema pobreza revela "avances notables" en muchos países
El informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el número de pobres en América Latina y el Caribe disminuyó de 194 a 190 millones de personas en 2007. La tasa de pobreza se redujo del 36,5% en 2006 al 35,1% el año pasado, un descenso más moderado según las proyecciones incluidas en el informe de 2007. En cuanto al número de personas en situación de extrema pobreza o de indigencia, bajó de 71 millones a 69 millones y la tasa cayó del 13,4% al 12,7%.
"Estas son las tasas más bajas que se han registrado desde los años 80 y el menor número de pobres en los últimos 17 años", afirma el BID. A su juicio, la disminución de la extrema pobreza desde 1990 implica un avance del 87% hacia la consecución del primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la región, que consiste en reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que viven en la más absoluta pobreza.
Según el informe, el nivel actual de la extrema pobreza revela "avances notables" en muchos países. Así, naciones como Brasil, Chile, Ecuador y México han alcanzado ya la meta fijada para 2015, mientras que Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela están avanzando a un ritmo cercano o superior al necesario para conseguirlo. Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay son los que menos avances están registrando.
Pese a la reducción de la pobreza y el desempleo, el BID advierte de que subsisten grandes retos para la política laboral y social. El progreso en estos campos dependerá mucho más de las reformas estructurales y políticas sectoriales que de la política o las variables macroeconómicas, asegura.
La reforma de los sistemas de seguridad social y de las leyes laborales para aumentar la protección de los trabajadores y fomentar el empleo es una tarea que tiene pendiente la mayoría de los países latinoamericanos.
Otro desafío es centrar el gasto social en los más necesitados a fin de mejorar su impacto distributivo. Actualmente, el gasto público en salud y seguridad social en la mayor parte de los países sigue beneficiando más a los segmentos de mayores ingresos de la población.
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