El Congreso aprobó ayer una nueva Ley de Asilo que establece un proceso más garantista y refuerza la protección de mujeres, niños, discapacitados y homosexuales, pero deja fuera a los ciudadanos de la Unión Europa (UE). La normativa llegará al Senado cuando se reanude el periodo de sesiones tras las vacaciones de verano y será aprobada, previsiblemente, antes de que acabe el año.
El texto recupera la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados, y garantiza la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en todas las etapas del proceso de solicitud.
La nueva normativa mejora las garantías y el procedimiento, acorta los plazos, garantiza la confidencialidad e incorpora las cuestiones de género e identidad y orientación sexual como motivos para solicitar asilo. Además, desaparece el procedimiento abreviado y se detalla un procedimiento de urgencia, que cuenta con las mismas garantías que el ordinario, incluida la posibilidad de presentar un segundo informe en los casos en que se deniegue la petición.
Sin embargo, algunas formaciones y ONG que trabajan en defensa de los refugiados han cuestionado que la ley niegue el derecho de los ciudadanos europeos comunitarios a pedir asilo. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional (AI) recuerdan que la exclusión del derecho a solicitar asilo de los ciudadanos de la UE es contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho.
En peligro de extinción
Estas ONG han enviado una carta a todos los grupos parlamentarios pidiéndoles que no desaprovechen la «oportunidad de mostrar su compromiso real y efectivo con el derecho de asilo, en particular, y con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos». Advierten de que se trata de «un derecho en peligro de extinción, gravemente amenazado en los últimos años por políticas comunitarias obsesionadas por el control migratorio y el cierre de fronteras».
Estas políticas «están impidiendo la identificación de muchas personas como posibles solicitantes de asilo, y dificultando o impidiéndoles así el mero acceso a un derecho que les es propio: la protección internacional», señalan las citadas organizaciones, que recuerdan que las bajas cifras de solicitudes de asilo en España en los últimos años «muestran que no hay ninguna justificación para restringir aún más el acceso al derecho de asilo».
Añaden que las altas cifras de inadmisión de las solicitudes y los bajos índices de estatutos de refugiado reconocidos a los solicitantes hacen que nuestro país «esté a la cola de Europa en protección de las personas perseguidas».
Según datos del ACNUR, el año pasado se presentaron en nuestro país un total de 4.516 peticiones de asilo, de las cuales la mitad no fueron admitidas a trámite.
