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La función de las cárceles españolas

La UNAD considera que en las cárceles no existen los suficientes recursos para combatir las adicciones que padecen entre el 70% y el 80% de sus internos

"La cárcel no sólo se convierte en un destino para muchas personas drogodependientes, sino también en una gran barrera para superar su adicción". Esta es una de las principales conclusiones que revela el estudio "La situación de las personas con problemas de drogodependencias en prisión", elaborado por la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, después de entrevistar a más de mil personas encarceladas con problemas de drogas, especialistas y funcionarios. Este estudio, patrocinado por el Plan Nacional Sobre Drogas y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, concluye que "no se está haciendo un uso suficiente de las alternativas a prisión de tipo terapéutico existentes en nuestra legislación, concretamente en el artículo 25.2 de la Constitución Española, mucho más útiles en la recuperación de la persona con problemas de drogas".

La UNAD considera que para las personas privadas de libertad deben existir las mismas posibilidades terapéuticas que para las personas en libertad. "La cárcel no es el marco adecuado para abordar la problemática de las drogodependencias, ni es un problema social, sanitario y humano, ni siquiera es la respuesta a una hipotética protección de la seguridad ciudadana o al objetivo de prevención penal", explica Luciano Poyato, presidente de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente. Además, esta ONG y todas las entidades agrupadas en UNAD han podido apreciar, después de estudiar los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los expertos y profesionales de los distintos centros penitenciarios y de los propios encarcelados, la carencia de recursos asistenciales dentro de las cárceles y se han cuestionado la idoneidad de la escasa intervención en el ámbito de la drogodependencia que se está realizando. "No es posible trabajar adecuadamente ni obtener resultados cuando no se tienen ni los recursos, ni los instrumentos necesarios, sean materiales, sociales o jurídicos", denuncian desde la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente.

El principal problema es que las prisiones españolas albergan a más de 60.000 personas, de las cuales el 70%-80% están internadas por problemas relacionados con las drogas. En este estudio concreto se obtienen los siguientes resultados:

  • El 63,8% de los encuestados recibe algún tipo de tratamiento, pero con demasiada frecuencia se reduce a un tratamiento farmacológico.
  • Casi el 70% de los presos no solicita medidas alternativas a la pena de prisión y de los pocos que lo hacen, sólo al 13,1% le han sido concedidas

. Tras analizar estos resultados, la UNAD propone una serie de medidas para dar solución a estos problemas, teniendo en cuenta que el primer objetivo es la incorporación de esas personas a la sociedad, "sin que ello quiera decir que se les exima de la responsabilidad que conlleva el delito que han cometido".

Recomendaciones

Entre las propuestas que propone la UNAD para superar las carencias detectadas en el estudio se encuentran las siguientes:

  • Una reforma legislativa, penal y penitenciaria que, entre otras medidas, logre una mayor flexibilización en la concesión del tercer grado, medida que no sólo aliviará la enorme situación de las prisiones españolas sino que favorecerá el proceso terapéutico de miles de personas que se encuentran encarceladas y que tienen problemas de adicción.
  • La incorporación de distintos recursos asistenciales y modalidades terapéuticas nuevas.
  • Fomentar la aplicación de dos medidas alternativas a la prisión:
    • La suspensión de la condena a la persona con problemas de drogodependencia que esté en tratamiento o se encuentre deshabituada.
    • La aplicación de otras alternativas a la prisión como la mediación, la libertad vigilada y mayor uso de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
  • Adscribir el personal sanitario de los centros penitenciarios al Sistema Nacional de Salud.
  • Proceder a la excarcelación de las personas graves con enfermedades incurables

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