El Parlamento Europeo rechaza la concesión de patentes de software por falta de seguridad jurídica

• Fecha de publicación: 6 de julio de 2005
• Hora de publicación: 15:48

Quiero hacer un comentario

La directiva europea de patentes de software no garantiza la seguridad jurídica suficiente ni para los propietarios de patentes ni para los nuevos inventores. Éste es el motivo por el que la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo ha rechazado esta mañana la patentabilidad de los programas informáticos.

Para conseguir el rechazo de la directiva se necesitaban 367 votos, cifra que se ha superado gracias al apoyo de Verdes, Izquierda Unitaria, populares y parte de los liberales y de los socialistas. El resultado final de la votación fue: 648 votos a favor, 14 en contra y 18 abstenciones.

En un principio, los socialistas eran partidarios de apoyar la directiva pero introduciendo las 21 enmiendas redactadas por el ponente del informe parlamentario, el francés Michel Rocard, quien, vista la oposición generalizada, pidió antes de que se iniciara la votación que la Cámara se pronunciara en contra de la directiva. "Sobre el fondo del tema estamos divididos. Pero compartimos una cólera colectiva en el Parlamento sobre la forma inadmisible en que ha sido tratado por la Comisión y el Consejo debido a la ausencia total de consulta a la hora de redactar el texto", señaló.

Carpetazo definitivo

En principio, con la decisión de la Eurocámara se pone punto y final al tema de las patentes de software, ya que la Comisión Europea anunció que no presentaría una nueva propuesta en caso de rechazo, como finalmente ha sucedido. No obstante, la comisaria de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, dijo en el pleno que "si el Parlamento nos invita a hacer una nueva propuesta, hablaremos y veremos cuál será el procedimiento futuro".

El objetivo de la directiva rechazada era aportar claridad, seguridad jurídica y un enfoque común europeo para que la base de concesión de la patente fuera la misma en toda la UE y para que los tribunales nacionales se guiaran por los mismos principios, teniendo en cuenta las prácticas de la Oficina Europea de Patentes.

El texto, que hubiera sido de obligado cumplimiento dos años después de su aprobación, establecía normas comunes para invenciones que se basan en procesos informáticos: lavadoras, teléfonos o sistemas de frenos. Permitía conceder una patente a un programa informático, pero sólo cuando fuese necesario para el funcionamiento de la invención.