Las compañías Microsoft, Adobe y Symatec son acusadas de aleccionar a jueces y policías mexicanos para actuar contra la competencia

• Fecha de publicación: 20 de junio de 2006
• Hora de publicación: 16:47

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Tras una investigación llevada a cabo a instancias del senado mexicano, la BSA (Business Software Alliance) de México fue acusada de haber incurrido en prácticas poco éticas al aleccionar a jueces, peritos, policías e inspectores para operar con total libertad contra quienes estuvieran en contra de los intereses de sus empresas asociadas, entre las que destacan Microsoft, Symantec, Adobe y Autodesk.

Tal y como publicaba ayer el diario El Milenio, "la Tercera Comisión del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en torno a su relación con Microsoft y la Business Software Alliance".

Al parecer, el gigante Microsoft incluso publicó en una web su estrategia de "entrenar jueces, peritos, policía, inspectores, etc." y la manera en la que contrataba despachos para "realizar operativos judiciales" y llevar a cabo "la comunicación y difusión de esos operativos". De hecho, anteriormente se había conocido el caso de una pequeña empresa, Consultores en Computación y Contabilidad (CCC), que había sido prácticamente destruida por la BSA. Esta pyme, acusada de piratear programas por las multinacionales, expuso su caso a las autoridades y obtuvo una resolución a su favor en la que se obligaba a las empresas participantes en la alianza a pagarle 90 millones de dólares por concepto de daños.

Esta resolución, que aún no ha sido acatada por esta coalición, responde a lo que los tribunales calificaron de una abusiva estrategia de ventas que puso al descubierto toda una lista de invención de delitos, falsificación de pruebas y compra de testigos. Las partes involucradas han declarado que el importe de la multa es excesivo.

Relación

El 7 de junio, la comisión del Senado daba luz verde al acuerdo promovido por la senadora del PRI Victoria Eugenia Méndez Márquez en cuanto a la relación entre autoridades mexicanas, específicamente el IMPI y la PGR, con Microsoft Corporation y otras empresas de la BSA. De acuerdo con este punto, el Ejecutivo Federal deberá informar sobre posibles convenios que pudieran existir entre autoridades judiciales y el IMPI con la BSA.

"Esto debido a la preocupación de que estos convenios conlleven competencia desleal con empresas mexicanas, causen o induzcan al público a confusión o persigan el propósito de desprestigiar los servicios o productos de otros particulares, infracciones que sanciona la ley de propiedad industrial", dice textualmente el documento.

En el proceso judicial quedó probado que dichas empresas incurrieron en diversos actos ilícitos entre los que se encontraron el declarar falsamente ante el Ministerio Público Federal, continuar dolosamente el trámite de una averiguación previa, prefabricar, comprar y aleccionar testigos, e inclusive, falsificar facturas, según la sentencia.En el juicio también ha quedado constancia de que esta forma ilícita de actuar no sería la primera vez que se lleva a cabo, sino que habría otros casos como el relativo a otra empresa llamada La Tenda de Guadalajara, S.A.