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Esta decisión permite seguir adelante con el proceso de desarrollo de las redes de nueva generación
La Audiencia Nacional ha levantado la suspensión urgente de las últimas medidas cautelares acordadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para el desarrollo de las redes de fibra óptica/a>.
Esta decisión permite seguir adelante con el proceso de desarrollo de las redes de nueva generación de la forma que estableció la CMT en julio pasado. De todos modos, la Audiencia analizará en una pieza separada el fondo de las medidas transitorias que fijó el organismo regulador, así como la pertinencia de adoptar cautelares.
El auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional indica que es necesario un examen más detenido del problema. Las citadas medidas cautelares obligaban a Telefónica a disponer el 16 de septiembre de una oferta mayorista para que los operadores alternativos pudieran utilizar sus canalizaciones, aunque eliminaba la obligación inicial de abrir sus redes de nueva generación a otras compañías.
Orange presentó la petición de suspensión de estas medidas el mismo día 16 por considerar que tendrían un efecto disuasorio sobre la inversión de los operadores alternativos y supondrían una vuelta al monopolio de Telefónica.
La Audiencia Nacional aceptó la solicitud de Orange y convocó una vista a la que acudieron el pasado lunes todas las partes -Telefónica, Orange, la patronal Astel y la CMT-, tras la que ha acordado levantar la suspensión.
Sin embargo, las razones que esgrime la Sala de lo Contencioso-Administrativo no son compartidas por el presidente de la misma, José Luis Sánchez Díaz, que ha emitido un voto particular. En su opinión, la suspensión acordada inicialmente "protege de forma más intensa el interés público" y "permite salvaguardar en todo momento la competencia entre operadores, evitando que queden frustrados los objetivos" de la normativa europea y nacional sobre las telecomunicaciones.
Según Sánchez Díaz, las medidas de la CMT dejan "la puerta abierta a una posible monopolización del mercado de los servicios a través de la monopolización de las infraestructuras". Por ello, no comparte el criterio mayoritario de la Sala de levantar las medidas cautelares.
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