La UE autoriza que los Estados miembros puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa

Las autoridades administrativas de los Estados miembros podrán tener legitimidad para cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido, según el acuerdo alcanzado ayer por los países de la Unión Europea (UE). Aunque en España la legislación exige una autorización previa, el Gobierno estudia cambiar la normativa.

Este acuerdo fue posible después de que el Parlamento Europeo diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. Los eurodiputados habían frenado hasta ahora la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones al reclamar que la nueva normativa prohibiera de forma expresa el corte del acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los gobiernos de los 27. Pero en la fase final de las negociaciones, la Eurocámara cedió en sus exigencias y aceptó que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.

La Eurocámara y los gobiernos pactaron como contrapartida un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación. En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet "sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática". Tales medidas sólo podrán adoptarse si se respeta "el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad" y como resultado de un "procedimiento previo, justo e imparcial" que garantice "el derecho a ser escuchado" y "el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno".

Los servicios jurídicos de las instituciones europeas habían dictaminado que la enmienda para prohibir el corte de Internet sin autorización judicial excedía las competencias de la UE y habría sido anulada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, argumentó para justificar el cambio de postura el eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras, que en su calidad de vicepresidente de la Eurocámara presidía la delegación negociadora. "Nuestra estrategia ha sido intentar lograr el mayor número de garantías para los usuarios sin sobrepasar el marco legal comunitario establecido por los tratados. Y creo que lo que hemos acordado con el Consejo es realmente un éxito por lo que se refiere a avances para los derechos de los usuarios", señaló.

"La nueva disposición sobre la libertad en Internet representa una gran victoria para los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos", dijo por su parte la comisaria responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding. "Las leyes de tres avisos, que permiten cortar el acceso a Internet sin un procedimiento previo justo e imparcial o sin una revisión judicial efectiva y oportuna, no se convertirán en parte de la legislación europea", aseguró.

El acuerdo final todavía debe ser ratificado por los ministros de Telecomunicaciones y por el pleno de la Eurocámara durante el mes de noviembre. Si se cumplen los plazos, podría entrar en vigor a principios de 2010. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.