La autorización de la UE para que los Estados miembros puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial no afecta a España

• Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2009
• Hora de publicación: 17:05

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El acuerdo alcanzado la semana pasada por la Unión Europea (UE) que permitirá cortar el acceso a Internet a los particulares sin necesidad de orden judicial no afecta, al menos de momento, a la situación en España, según coincidieron responsables socialistas y la Asociación de Internautas.

En España no se puede bloquear Internet sin autorización judicial con carácter general, aseguró la responsable de Sociedad de la Información del Grupo Parlamentario Socialista, Lourdes Muñoz. Desmintió que la UE haya dado vía libre al bloqueo de Internet sin autorización judicial y subrayó que España no va a ir en la dirección de Francia o Inglaterra de permitir el corte de las comunicaciones a los usuarios que realicen descargas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas de España, Víctor Domingo, aclaró que la decisión de la UE que supone que se pueda cortar el acceso a Internet a un usuario sin orden judicial expresa no cambia nada hasta que no se modifique la ley española. Domingo se mostró en parte satisfecho con la aprobación del llamado "paquete Telecom", ya que sólo plantea una posibilidad que cada país tendrá que decidir si incluye en su legislación o no, por lo que en España no hay cambios, concluyó.

Detalles del acuerdo

El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE llegaron el pasado jueves a un acuerdo que facilitará la lucha contra la descarga ilegal de música o vídeos por Internet y que estará en aplicación hacia mediados de 2011. El acuerdo concierne al único capítulo que había quedado pendiente de todo el paquete legislativo para la reforma de las telecomunicaciones, al que la Eurocámara dio su visto bueno el pasado 6 de mayo. El plenario aceptó la reforma salvo en lo concerniente a las condiciones en las que los proveedores de acceso a Internet cerrarían el paso a quienes descarguen contenidos de forma ilegal.

La Eurocámara exigió el pasado mayo que esas actuaciones estuvieran amparadas por una decisión judicial previa, caso por caso. Sin embargo, Consejo y Parlamento Europeo abordaron de nuevo el tema en última instancia el pasado jueves, antes de que todo el proyecto legislativo quedara invalidado, y se alcanzó el acuerdo, que define las circunstancias en las que los operadores de Internet combatirán estos comportamientos. Las medidas tendrán que respetar los derechos fundamentales y las libertades de las personas, por lo que sólo podrán ser aplicadas si son apropiadas, proporcionales y necesarias en una sociedad democrática, dice el texto de la resolución.

Su aplicación estará sujeta a salvaguardias procedimentales adecuadas en el respeto de los principios de presunción de inocencia y de privacidad. Estará garantizado un procedimiento previo imparcial y justo, que incluirá el derecho a ser oído, así como la oportuna revisión judicial del caso, afirma el texto. El acuerdo europeo tiene una consecuencia inmediata sobre las disposiciones legales adoptadas en Francia o camino de serlo en el Reino Unido.