La iniciativa británica para crear una base de datos sobre comunicaciones de los usuarios queda paralizada

• Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2009
• Hora de publicación: 22:14

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Los planes de la Oficina de Inmigración del Reino Unido sobre la creación de una base de datos con detalles de las llamadas telefónicas de los ciudadanos, el intercambio de correos electrónicos o el uso de Internet para luchar contra el terrorismo no avanzan. Se encuentran paralizados debido a la preocupación que ha suscitado la medida entre diversos representantes del sector.

La misma Oficina de Inmigración ha confirmado que el proyecto de ley conocido como "programa de modernización de las interceptaciones" no se incluirá la próxima semana en el discurso de la Reina Isabel II y añade que será "improbable" que salga antes de las próximas elecciones generales. Los principales motivos de este retraso son las quejas de los proveedores de servicios de Internet y las operadoras de telefonía móvil, preocupadas ante la viabilidad del proyecto y el posible rechazo de los usuarios.

La propuesta de este organismo se centraba en la creación de una base de datos con acceso público a información sobre comunicaciones entre ciudadanos, aunque centradas en el lugar o la autoría, por lo que no recogería el contenido de las conversaciones. No obstante, los partidos políticos optaban por restringir el acceso a estos datos a la Policía y a las fuerzas de seguridad.

La Oficina de Inmigración realizó en verano una consulta entre 221 agentes del sector para conocer los abusos potenciales que supondría la puesta en marcha de la ley. El responsable de la Oficina de Inmigración, David Hanson, afirmó que la consulta sirvió para "reconocer la importancia" de la protección en los datos de comunicaciones. "Buscaremos mejoras que incluyan la fuerte salvaguarda de los derechos ciudadanos ante cualquier mínimo intento de abuso", explicó.

El portavoz del Partido Liberal Demócrata, Chris Huhne, señaló que el retraso para después de las elecciones generales "no supone una sorpresa" ya que, a su entender, permitirá a los políticos "seguir sin definir" una postura respecto a los costes de la medida y la pérdida de seguridad ciudadana. Por último, el portavoz de la ONG Liberty, Shami Chakrabarti, alertó de que esta iniciativa "todavía no ha terminado". "Las ambiciones de un grupo de políticos similar al Gran Hermano se han retrasado, pero no concluido. Necesitamos aliados en las operadoras que busquen concienciar a los ciudadanos para evitar la puesta en marcha de esta base de datos", concluyó.