Las descargas de solicitudes para denunciar el «monopolio» de las entidades de gestión alcanzan ya las 20.000

Sus promotores precisan que no es una denuncia contra el Gobierno, sino contra la legislación española
Por EROSKI Consumer 27 de enero de 2010

La iniciativa para recoger denuncias contra el Estado por «monopolio» de las entidades de gestión de derechos de autor ha registrado, en apenas cinco días, 20.000 descargas de solicitudes. No obstante, los responsables de la acción, los abogados David Bravo y Javier de la Cueva, explican que la cifra exacta no se conocerá hasta que la Comisión Europea (CE) «empiece la siguiente fase del procedimiento». Esta cifra se ha duplicado en el último fin de semana, ya que el pasado viernes las solicitudes descargadas se situaban en torno a las 10.000.

Con el cometido de aclarar las dudas que los ciudadanos puedan tener acerca de esta iniciativa, puesta en marcha a raíz de un informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), Bravo ha facilitado en su blog una serie de preguntas y respuestas sobre esta cuestión. El abogado asegura que no es «una denuncia contra el Gobierno», sino contra la legislación española que «facilita» unos monopolios prohibidos por la legislación europea.

Indica que el coste de la propuesta será de 2,49 euros por persona -el importe del franqueo del correo certificado- y no obligará a los denunciantes a acudir al juicio. «Es un procedimiento en el que no hay un juicio al que tengas que asistir. No todas las denuncias por vulneración del Derecho comunitario acaban en juicio puesto que el Estado denunciado suele corregir sus vulneraciones. Si al final hubiera, éste se celebra ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el denunciante no tiene que asistir», afirma.

Bravo destaca la necesidad de contar con múltiples denuncias en este proceso. Es un sistema habitual de reivindicación ya previsto por la propia CE, que las canaliza a través de un único procedimiento, explica. Mediante el sistema de denuncia múltiple, se comunica al Ejecutivo comunitario no sólo la existencia de la posible infracción del Estado miembro sino también la preocupación que ésta suscita a los numerosos ciudadanos que se adhieren a la misma, argumenta el abogado.

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