De las 12.000 entidades y empresas que integran en la actualidad el sector público, prácticamente el 99% siguen ancladas en los sistemas tradicionales de contratación, lo que equivale a decir que tan sólo el 1% (unas 200 entidades) hacen uso de las nuevas plataformas de licitación por vía electrónica para llevar adelante los procedimientos «con rapidez, seguridad, transparencia y ahorro». Esta conclusión se extrae de un estudio realizado por Grupo Vortal, empresa de desarrollo e implantación de plataformas de contratación pública electrónica.
Según este trabajo, la administración española se sitúa lejos de los objetivos que la Unión Europea (UE) fijó en 2005 en la «Declaración de Manchester», en la que los ministros de Economía de los diferentes estados miembros se comprometieron a que al menos el 50% de las administraciones utilizaran plataformas electrónicas de contratación pública en 2010.
Las estimaciones realizadas por Vortal indican que si las administraciones públicas españolas sustituyeran el sistema de licitación en papel podrían reducir en su conjunto casi un 4% el gasto en contratación de bienes, servicios y obras, lo que supone un ahorro de cerca de 1.500 millones de euros anuales. Además, si las administraciones participaran de las mismas aplicaciones informáticas instaladas en recursos compartidos, se podrían ahorrar otros 1.000 millones de euros adicionales.
Después de entrevistar a 3.000 administraciones europeas, el 92% reconoció que «los sistemas de licitación pública electrónica mejoran significativamente la transparencia en la contratación pública», mientras que un 62% señaló que se reduce el tiempo de gestión de los procedimiento. En este sentido, el plazo medio habitual para la publicación de un procedimiento supera las tres horas frente a los 10 ó 12 minutos de promedio con una plataforma electrónica, destacó Vortal.
Las administraciones españolas se sitúan a la cola de Europa en el empleo de estas plataformas de contratación pública, muy por detrás de países como Portugal donde sus entidades están obligadas por ley desde hace años a utilizar estos sistemas en sus procedimientos. España tiene todavía pendiente transponer las directivas europeas 2004/17/CE y 2004/18/CE que instan a los Estados miembros a desarrollar la administración electrónica.
