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Los números de tarificación adicional

El fraude en Internet ha llevado al Gobierno a modificar la normativa

  • Última actualización: 28 de junio de 2004

El desmantelamiento de un fraude superior a 35 millones de euros mediante el desvío automático de la conexión a Internet a números 906, 907 y 806 sin consentimiento de los usuarios, ha coincidido con el anuncio del Gobierno de una modificación en la normativa sobre los números de tarificación adicional. A partir de ahora, estos números deberán ser expresamente solicitados por el usuario que quiera utilizarlos y será obligatorio que las facturas detallen la identidad del prestador del servicio, medidas solicitadas desde hace tiempo por las asociaciones de consumidores y usuarios ante la acumulación de denuncias contra los 'dialers'.

Modificación en la normativa

El mismo día en el que el Senado aprobaba una moción en la que demandaba la puesta en marcha de medidas urgentes para proteger a los consumidores ante las reiteradas estafas mediante conexiones fraudulentas a Internet, la Guardia Civil destapaba un fraude que ha podido afectar a más de 45.000 internautas de toda España y el Gobierno anunciaba la decisión de acabar con el libre acceso a los números 803, 806, 807 ó 907.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentó una orden ministerial que establece que los operadores de telefonía tendrán que contar con el consentimiento previo del usuario para ofrecer acceso a estos números. Esto es, las líneas de tarificación adicional (las que cobran más que el propio coste de la conexión al que llama para abonárselo a quien recibe la llamada, como tarots o 'party lines') no estarán activas por defecto (como ocurre en la actualidad) y a ellas sólo se podrá llamar desde los números de teléfono que expresamente los soliciten. Además, la nueva normativa obligará a las compañías de telecomunicaciones a incluir en sus facturas la identidad de las empresas que están detrás de esos números, sin escudarse en el anonimato actual en el que resulta prácticamente imposible saber quién nos está facturando y, por tanto, reclamar.

A partir de ahora, la Administración se compromete a incrementar las inspecciones de supuestos fraudes y a agilizar las actuaciones en caso de infracción. Las medidas a adoptar, exigidas reiteradamente por las asociaciones de usuarios ante la indefensión de los consumidores frente a los dialers que modifican la conexión a Internet hacia números de tarificación adicional, son estas:

  • Los servicios de tarificación adicional de voz prestados a través de los 907 (tarots y 'parti lines', por ejemplo) y los de datos (Internet, por ejemplo para permitir el acceso a webs pornográficas a precios astronómicos) cuyo precio sea superior a un euro por minuto requerirán de una "solicitud previa y firmada de los usuarios a su operador de acceso".
  • La factura telefónica deberá detallar la identidad del que presta el servicio de tarificación adicional y diferenciar la parte cobrada por el operador y la que corresponde al titular de la línea. Así, el consumidor podrá pagar en la factura telefónica sólo las llamadas normales de ese mes y negarse a abonar los servicios que se le imputan con los que está en desacuerdo a la espera de que esa empresa de tarificación adicional se lo reclame. En caso contrario, el usuario tiene derecho a no pagar las llamadas sin que le corten el servicio, o a exigir la devolución de su importe.
  • Los operadores deben informar sobre el precio, tipo de servicio y titular antes de empezar a cobrar tarifas adicionales y, en el caso de Internet, está información se mostrará claramente en pantalla y se proporcionará al usuario la posibilidad de cancelar el acceso. Uno de los problemas de la actualidad es que rara vez se informa de manera clara y diáfana, por lo que muchos usuarios creen que esos contenidos son gratuitos, cuando los está pagando a un precio muy alto (60 euros la hora).
  • La normativa abarcará los servicios premium de mensajería sobre telefonía móvil, accesibles mediante el envío de mensajes SMS dirigidos a números cortos.
  • La Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional tendrá un plazo de ocho días (antes era de un mes) para inhabilitar el número cuyo titular incumpla el Código de Conducta que protege a los usuario. Este número no se podrá asignar nuevamente antes de un año.

El abonado disconforme con la factura telefónica podrá presentar una reclamación ante las Juntas Arbitrales de Consumo o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

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