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España carece de una norma unitaria sobre seguridad en cámpings, según fuentes del sector

Siete años después de la tragedia de Biescas, empresarios aragoneses participan en la confección de un reglamento

  • Última actualización: 11 de agosto de 2003

Esta semana se ha cumplido el séptimo aniversario de la tragedia del cámping Las Nieves, en Biescas (Huesca). La combinación de factores fatales hizo que una tormenta torrencial lo arrasara. Murieron 87 personas. Fue el 7 de agosto de 1996. Tras la conmoción inicial, llegó la polémica y se alzaron las voces que advirtieron que la tragedia pudo evitarse si la Administración hubiera sido más estricta a la hora de conceder licencia. El empresario pidió permiso, presentó proyecto, y se le concedió autorización. Incluso salió a la luz el informe de un funcionario autonómico que advirtió del riesgo existente en esa zona. Y el científico Francisco Ayala-Carcedo, del Instituto Geológico y Minero de España, advirtió que esa misma área había sido cartografiada en 1996 por este organismo, antes de la inundación, como cono de deyección con peligrosidad alta. Más aún, el profesor Ayala-Carcedo incluso ha indicado en varias ocasiones que ese informe era conocido por la Administración autonómica.

En España hay unos 1.400 cámpings. En Aragón están registradas alrededor de un centenar de áreas de acampada, que suman algo más de 24.000 plazas, según las estadísticas de la Administración regional.

Al margen de las polémicas más vivas del momento, el caso de Biescas provocó también la apertura de un debate institucional sobre qué hacer para velar por la seguridad ante catástrofes naturales, y en particular las inundaciones, con la parte que toca a los cámpings. Incluso se creó una comisión específica para debatir el asunto en el Senado, de la que formó parte el que en el momento de la tragedia era alcalde de Biescas, Luis Estaún, que ha vuelto a ocupar ese cargo tras ser director general de Turismo del Gobierno aragonés en la última legislatura.

Aquella comisión especial del Senado duró dos años, pero el resultado de ese ímpetu inicial ha sido limitado. El profesor Ayala-Carcedo ha venido insistiendo en que el ordenamiento legal en materia de riesgos naturales es "complejo y desordenado". Algunas materias quedan en leyes estatales, a veces en materia de aguas, y otras en ámbitos que por entenderse turísticos, caso de los cámpings, quedan entre las competencias autonómicas.

El Ejecutivo de Aragón, con los empresarios de cámpings y expertos, ha preparado durante varios años un nuevo reglamento específico de alojamientos al aire libre y un decreto específico que entrará en vigor en cuestión de semanas, según las previsiones de la propia Asociación de Cámpings de Aragón. La norma supone un endurecimiento respecto a las que había hasta ahora en vigor. Pero sus promotores destacan que no ha ocurrido lo mismo en el resto de comunidades autónomas.

El presidente de la Asociación de Cámpings de Aragón, Lorenzo Lasaosa, insiste en que son las administraciones públicas las que deben reforzar las normas de aplicación y hacerlo de forma homogénea. "En alguna otra comunidad autónoma quizás se haya hecho algo, pero desde luego no ha sido generalizado y Aragón sí que puede considerarse un caso ejemplar y los propios empresarios hemos colaborado para reforzar la normativa".

Se han evaluado los riesgos, entre ellos, por ejemplo, los incendios en caso de zonas boscosas o los provocados por lluvias, cauces naturales existentes, incluidos barrancos y escorrentías; la velocidad que alcanza el agua en un área determinada cuando hay riadas; el "calado" o altura que puede alcanzar una inundación; cada cuánto tiempo se producen estos fenómenos y su intensidad, algo que se ha analizado con una perspectiva histórica de quinientos años.

Son algunos detalles recogidos en una norma que no sólo se aplicará de ahora en adelante, sino también con carácter retroactivo. Es decir, se va a examinar caso por caso para ver si los cámpings y el resto de zonas de acampada se ajustan a estas normas y, de lo contrario, se adoptarán las medidas que sean necesarias.

Según Lasaosa, "somos los primeros interesados en la seguridad de nuestros establecimientos y Aragón, desde luego, se convierte en una región con un plus de seguridad en los cámpings". Pero insiste en dos aspectos. De un lado, que debe ser la Administración quien dirija este proceso, "porque un empresario presenta un proyecto y una solicitud, pero lógicamente no es técnico para saber si en un punto determinado hay un riesgo mayor o menor de un fenómeno u otro". Y, en segundo lugar, subraya que "estas normas de más rigor que se han sacado adelante en Aragón deberían extenderse al resto de comunidades autónomas". España carece de una norma unitaria de seguridad ante riesgos naturales entre los que están las inundaciones -no sólo para la actividad de cámpings- y, en la parte que compete a las comunidades autónomas, tampoco hay una homogeneidad en las normas y procedimientos autonómicos que se aplican.

El alcalde de Biescas, directamente ligado al nuevo Reglamento de Alojamientos al Aire Libre, coincide en la misma apreciación. Según Luis Estaún, en tanto que es una cuestión "de clara importancia estatal", debería ser objeto de coordinación a través de la Conferencia Sectorial de Turismo que reúne a la Administración central y a las autonómicas. Pero también reclama "una unidad de criterio entre las distintas confederaciones hidrográficas, por lo tanto en el ámbito estatal, que es muy importante en tanto que son organismos fundamentales en la evaluación de riesgos".

Etiquetas:

campings, normativa, unitaria




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