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El Gobierno da un nuevo impulso a la liberalización ferroviaria

El plan, que se pondrá en marcha tras las generales de 2004, sigue provocando discrepancias

  • Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2003

El Gobierno ha decidido acelerar la controvertida liberalización del sector ferroviario, objetivo impulsado desde la Unión Europea (UE) para mejorar la competitividad del sector y que empezará a dar sus primeros pasos en España en la primavera de 2004, poco después de las próximas elecciones generales. Para ello no ha dudado en repetir esta semana en el Senado la misma actitud que tuvo poco antes del verano en el Congreso, cuando hizo uso de su cómoda mayoría absoluta para rechazar las más de cuatrocientas enmiendas presentadas por la oposición, que considera que el nuevo modelo del ferrocarril español seguirá manteniendo una dependencia "excesiva" de la Administración central.

El objetivo es aprobar antes de noviembre uno de los principales proyectos del Ministerio de Fomento, dirigido por Francisco Álvarez-Cascos, quien ya ha logrado sacar adelante entre numerosas criticas la nuevas leyes de Seguridad Aérea y de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario (regulación del suelo) y Transportes. En su última etapa los 'populares' no se han caracterizado por hacer caso de las propuestas de la oposición, pero en el caso de la nueva normativa que debe regular el sector ferroviario su rechazo ha resultado especialmente significativo. Todos los grupos parlamentarios de la oposición, sin excepción, comparten una misma queja: el Ejecutivo no ha tenido en cuenta ni una sola de sus recomendaciones, ni siquiera de sus otrora 'socios': los nacionalistas catalanes.

Una de las cuestiones que provoca mayores discrepancias es el futuro económico de Renfe tras la liberalización del sector, pues entienden que no existe un plan de financiación para sanear su deuda histórica (7.240,2 millones de euros) y esto la deja en "situación de inferioridad" cuando pase de su monopolio actual a una competencia gradual con otros operadores, tanto españoles como extranjeros, proceso que se iniciará a los seis meses de la aprobación de la ley y que a medio plazo sólo afectará al transporte internacional de mercancías ( a la espera de que la UE resuelva cuándo se abre el mercado de viajeros).




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