Los gestores inmobiliarios ofrecen al Gobierno su red de oficinas para canalizar las ayudas al alquiler de vivienda

• Fecha de publicación: 2 de agosto de 2004

  A la vuelta del verano, la Asociación Empresarial de Gestores Inmobiliarios (AEGI) celebrará una reunión con el Ministerio de Vivienda para articular la colaboración que la patronal del sector de la intermediación ofrece al Gobierno con objeto de contribuir a la contención de precios y para canalizar a través de su red de más de 2.000 oficinas las ayudas desplegadas en materia de alquiler. La AEGI está integrada por 700 empresas especializadas en la compra y venta de viviendas de segunda mano, lo que representa el 70% del sector de la intermediación.

Contención de precios

En la reunión también se tratará una batería de propuestas reguladoras, que ya ha trasladado a la ministra de Vivienda Calixto Corral, miembro destacado de la patronal y director general de Fincas Corral, la compañía líder del sector. Corral trasladó a María Antonia Trujillo en una reciente entrevista una oferta de colaboración en la lucha por la contención de precios, mediante la creación de un sistema de valoración conjunta del sector que evite la "subastilla de quién da más", y para que existan unos criterios comunes, de forma similar a lo que ocurre en el mercado de tasación de vehículos usados.

También contribuiría, a su juicio, a reducir los precios la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o, en el peor de los casos, que sólo se pague por el tramo no tributado anteriormente y así evitar la doble imposición del ITP del comprador y la plusvalía del vendedor.

Garantías

Los gestores inmobiliarios ofrecen al Gobierno su red de oficinas para canalizar las ayudas y avales gubernamentales para fomentar el alquiler, de forma que puedan garantizar a los propietarios de pisos vacíos la percepción de las rentas. "Colaboraríamos también convenciendo a clientes a los que les da miedo alquilar", asegura Calixto Corral.

En el capítulo de peticiones, el destacado directivo de la AEGI pidió a la ministra un epígrafe fiscal único y garantías para el consumidor, como la creación de un seguro de responsabilidad civil para cada empresa, y una cuenta bloqueada para garantizar las cantidades que los clientes entregan a cuenta. También trasladó a Trujillo la propuesta de que las empresas que se dediquen a la rehabilitación sólo devenguen el 2% del ITP, lo que a juicio de Corral animaría a las compañías de la construcción a desarrollar esta actividad y se ampliaría el mercado.