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Establecerá además mecanismos para que el comprador tenga una "financiación más favorable"
El Gobierno catalán tiene previsto aprobar a finales de octubre o principios de noviembre un decreto que fijará un precio concertado para las viviendas que variará en función de seis zonas establecidas por la propia Administración. Así lo anunció ayer la directora general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, durante unas jornadas celebradas en Barcelona por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API).
"El precio concertado servirá para las viviendas de nueva construcción y de segunda mano, y será más elevado que el de las viviendas de protección oficial, con el objetivo de que el promotor pueda construir estos pisos", explicó Trilla. "El precio variará en función de seis zonas establecidas por la Generalitat", agregó.
Asimismo, indicó que se establecerán mecanismos para que el comprador tenga una "financiación más favorable" y, en algunos casos, podrían darse ayudas a los promotores. Estas ayudas únicamente se concederían para los pisos construidos en Barcelona y en la primera y segunda área metropolitana.
Trilla también avanzó que la Generalitat prepara una nueva ley de la vivienda que está previsto que se presente a finales de año o en el primer trimestre de 2005. Esta ley regulará la figura del registro público y establecerá el porcentaje de suelo que debe dedicarse a la construcción de vivienda protegida (VPO).
En este sentido, aseguró que incrementar el suelo destinado a VPO no encarecerá los pisos, ya que "el precio del suelo de la vivienda libre está basado en la expectativa de venta" y se mostró convencida de que este mecanismo representará una caída del mismo.
En las mismas jornadas, la directora de la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC), Montserrat Torrent, se quejó de que el mercado de la vivienda no esté regulado y que "cualquier persona se puede dedicar a vender sin ningún tipo de profesionalidad".
Además, denunció que en la actualidad existe una ley de consumo que "protege mucho más cualquier otra compra que la de una vivienda de segunda mano", lo que representa, a su juicio, una "incongruencia".
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