El FMI aconseja eliminar gradualmente las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda

Califica además de "insuficientes" las medidas del Plan de Choque del Ejecutivo

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2004

Las conclusiones preliminares del informe sobre la economía española del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomiendan al Gobierno eliminar gradualmente las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda, así como mejorar la regulación del alquiler y reformar la Ley del Suelo. Además, la entidad que dirige Rodrigo Rato califica de "insuficientes" las medidas del Plan de Choque de la Vivienda elaborado por el Ejecutivo.

Este informe, comentado hoy por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, en rueda de prensa, considera particularmente preocupante la persistencia, durante varios años, del "boom" en el mercado inmobiliario español. "El continuo crecimiento de los precios de la vivienda y del endeudamiento de los hogares, si bien producidos, sin duda, por la evolución de los fundamentos de la economía española, ha generado una sobrevaloración en el sector inmobiliario y ha aumentado la vulnerabilidad de la economía ante acontecimientos adversos", afirma.

Así, el informe recuerda que el año pasado ya se advirtió con respecto a los precios de los pisos y la competitividad, cuya "severidad podría intensificarse si esta tendencia continua sin ser mitigada".

Respecto al Plan de Choque, el FMI reconoce que refuerza el programa de viviendas protegidas e introduce algunas medidas para promover un mercado de alquiler escasamente desarrollado (sobre todo mediante subsidios fiscales). No obstante, advierte de que no consigue enfrentarse a los principales problemas del sector.

Por todo ello, insiste en que es necesaria la eliminación gradual del "desigual" tratamiento fiscal proveniente de las desgravaciones impositivas, que "favorecen" la propiedad de la vivienda y que "pesan" gravemente sobre el presupuesto; un cambio en el marco legal, que "perjudica" la actividad de alquiler y "ahoga" la oferta de unidades en renta; y una reforma de las leyes y regulaciones que rigen el suelo edificable (Ley del Suelo) que, junto a una insuficiente transparencia en el proceso urbanístico, "limitan" su oferta.